El 5 de noviembre de este año, finalmente Pérez escuchó de parte del Concejo de Quetzaltenango que estaba autorizado y que podrían construir la rampa.
“Principalmente vamos a tener acceso para las personas con discapacidad, el proyecto incluye crear una rampa de acceso en la 13 avenida y en la esquina se van a suprimir las gradas que no permiten el acceso a personas con discapacidad”, relató el asesor jurídico.
Aunque el edificio de la SAT en la zona 1 de Xela no está protegido por la Oficina del Centro Histórico (OCH) el ambiente si, incluyendo la acera que intervendrán en el proyecto, por esta razón la institución necesitó cumplir con el proceso de autorización.
“Realmente hubiésemos querido que fuera antes porque es una cuestión de derechos humanos y que se nos ha complicado por muchos tramites del Centro Histórico, el edificio no está protegido pero siendo respetuosos de la ley y tomando en cuenta las disposiciones aunque el proceso es alargo cumplimos con todos los requisitos de la municipalidad y la Oficina del Centro Histórico, así como del IDAHE”, relató Pérez.
La institución espera iniciar la construcción de la rampa antes que concluya noviembre, de acuerdo al portal Guatecompras el proyecto tendrá un costo de Q84 mil 981 y fue adjudicado a la empresa Telius desde abril de este año.
Agregó que de acuerdo a un informe de la institución, cada mes hay un promedio de 70 personas con discapacidad que visitan el edificio de la sede regional de la SAT ubicado en Quetzaltenango.
Actualmente en el lugar donde se autorizó la construcción de la rampa hay ventas informales, de las cuales la comuna tendrá que resolver lo que sucederá.
Patricia Fuentes, promotora del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), en Quetzaltenango, relató que la iniciativa de la rampa surgió desde hace más de dos años a causa de la falta de accesibilidad que tiene el edificio.
“El director general de Conadi vino a Quetzaltenango para solicitar información y conocer sobre la situación, comprendemos que se deben respetar las normas del Centro Histórico pero debe prevalecer el respeto a los derechos humanos, las normas Universales de accesibilidad y otros convenios internacionales relacionados al tema”, dijo la promotora.
Agregó que la Mayoría de instituciones del sector público no reúnen las condiciones de accesibilidad, lo que provoca barreras en infraestructura en el entorno, la mentalidad, los procesos de comunicación y las políticas.
“Las personas con discapacidad hacen diversos trámites ante la SAT para cumplir con sus obligaciones pero se encuentran con obstáculo y barreras eso las limita”, afirmó Fuentes.
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