El funcionario salió en su defensa por el antejuicio que se promovió en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Valladares Urruela resaltó que este caso hay que “separarlo” y que no es un tema de la actual función pública, si no como presidente de la Gremial de Telecomunicaciones, cargo que tuvo hace cinco años.
“Lo que he visto de la presentación no pasa de decir dimes y diretes, me he puesto a disposición de las autoridades y se me ha dicho que no era parte de algún proceso penal y hay que cuestionar el tema”, enfatizó en una rueda de prensa.
Defiende ley
Ante periodistas, Valladares Urruela describió la importancia de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos.
Afirmó que era un decreto que buscaba dos temas puntuales: el primero que era el bloqueo de las señales en los centros carcelarios y combatir el rezago en la infraestructura de datos.
El funcionario dijo que informó al presidente Jimmy Morales, sobre la situación del antejuicio, así como la permanencia en el cargo. Ya será una decisión de él, precisó. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/39RFfqNTNW
— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) May 8, 2019
Reconoció que en la realidad (como empresarios) en las comunidades y las municipalidades con resoluciones administrativas (para la instalación de torres de transmisión).
“Son temas que se tratarán en el propio proceso”, afirmó.
Insistió en que en ese entonces había una preocupación en la comunidad guatemalteca porque la mayoría de las extorsiones provenían de los centros de detención y era un tema de alto impacto que fue abordado, y las soluciones técnicas fueron “efectivas”, recalcó.
Niega pagos
Al preguntarle sobre los supuestos pagos para la aprobación, Valladares Urruela dijo: “que para empezar es algo que no está probado en ningún lado y no hay un indicio. Para qué haber y qué beneficio se tenía es un tema que la propia investigación lo tendrá que responder”.
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Enfatizó que el decreto fue aprobado por la necesidad, y por un tema de actualidad e interés nacional.
“No hubo pagos y quiero que cuestionen, por qué podría haber habido. No hubo, enfáticamente”, aseveró.
Sobre la tesis de que, si pudo haber habido, cuestionó a quién se hubiera beneficiado. “Discúlpenme, pero en lo que se ve de la presentación (MP-Cicig) es muy pobre y no hay alguna razón”, indicó.
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