El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID aceptó una queja de parte de grupos guatemaltecos representados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) para verificar los procesos llevados a cabo por ese banco el cual financia los proyectos hidroeléctricos eh Huehuetenango. Se trata de Pojom II y San Andrés, ubicados en el área de Ixquisis municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Los proyectos, con capacidad de 20 megavatios (MW) y 10.65 MW respectivamente, aún están en construcción.
La posibilidad de presentar esa queja y pedir la verificación de los procesos que ha llevado cabo BID Invest se basa en los mecanismos de ese mismo ente establecidos para los proyectos que financia.
El monto estimado para la inversión del proyecto Pojom II —conocido también como San Mateo— es de US$48.5 millones (unos Q363.7 millones al cambio actual) y para la Generadora San Andrés es de US$27.2 millones (Q204 millones) la empresa Energía y Renovación (propietaria de los proyectos).
De estos importes, el financiamiento del BID es de US$7 millones y US$6 millones respectivamente, pero ese mismo ente administra el 70% del total del financiamiento del proyecto que también incluye otras fuentes, explicó la empresa.
Lorena Guerra, vocera de la empresa, ve positiva la activación del mecanismo de verificación por medio del Mici, sin embargo, explicó que este mecanismo no es para investigar a las empresas, sino consiste en un organismo de rendición de cuentas para evaluar el cumplimiento de aspectos ambientales y sociales de la inversión para construir los proyectos.
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Agrega que las fases de elegibilidad —dar trámite a la queja— y la activación del proceso “no implican la suspensión del proyecto o de los desembolsos del mismo”, y “tampoco es una determinación de cumplimiento o incumplimiento del Banco respecto a sus políticas operativas” agregó Guerra al citar como el Mici explica el proceso.
Tampoco se incluye el análisis de cumplimiento respecto a la realización de la consulta a las poblaciones indígenas como lo prevé el Convenio 169 de la OIT, señaló.
Agregó que delegados del Mici se reunieron en enero pasado con varias de las partes en el país para hablar sobre el tema, además que el BID hace diversas verificaciones del cumplimiento de los elementos ambientales y sociales para la sostenibilidad.
Luego de haberse aceptado la queja, se pasa a la fase de verificación por parte de un comité y hace recomendaciones para que luego se tome una decisión por el Directorio del Mici, para lo cual hay un plazo de 6 meses prorrogables.
Según Guerra, se trata de recomendaciones para acciones correctivas de los procedimientos y no la suspensión del proyecto, agregó.
Según la empresa el 2014 a la fecha, han existido 48 ataques violentos en la zona Norte de San Matero Ixtatán, en contra del proyecto. Un lugar donde hace falta más presencia del Estado explica la ejecutiva.
El más reciente fue el 15 de febrero recién pasado cuando un grupo de pobladores nuevamente efectuó bloqueos en la Franja Transversal del Norte y atacaron las instalaciones de Pojom II.
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La queja de parte de grupos en desacuerdo con los proyectos fue presentada en agosto del 2018 en el Mici, y argumenta incumplimiento del BID en sus políticas operativas.
Esto último habría generado daños en las condiciones de vida de los solicitantes por potencial contaminación de fuentes de agua, afectación a sitios de importancia social y cultural, falta de proyectos de perspectiva de género, y un contexto de alto riesgo e inseguridad para las comunidades.
Foco de violencia
La zona de Ixquisis ha experimentado violencia y este es el recuento.
• La empresa explica que, desde el 5 de mayo del 2014 hasta la fecha, han existido 48 ataques violentos en la zona Norte de San Matero Ixtatán, en contra de sus proyectos hidroeléctricos o contra el personal de la compañía.
• 2014: Un ataque, en mayo, con quema de maquinaria y el campamento.
• 2015: Un ataque en noviembre, quema de la microcentral.
• 2016: Se reportan 12 ataques. Incluye la aparición de fuerzas armadas campesinas amenazando a la empresa y a las fuerza de seguridad del Estado. Hubo amenazas, ataque a personal de la empresa y heridos, y según la empresa un colaborador asesinado, y quema de maquinaria.
• 2017, se registraron nueve ataques que según la empresa incluyeron ataque a maquinaria, quema de tubería en la bocatoma de agua, ataque armado al campamento.
• 2017: la empresa reporta 22 ataques, incluyendo ataque al personal, uno de ellos falleció. Quema de maquinaria, bloqueo de la Franja Transversal del Norte y otros.
• El 17 de diciembre del 2018 la Procuraduría de Derechos Humanos informó que fueron hallados los cadáveres de dos integrantes de la resistencia contra las hidroeléctricas en la región de Ixquisis, donde se ubican los dos proyectos hidroeléctricos.
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