Economía

El Cacif critica el nuevo pacto colectivo y hace un llamado a mejorar la calidad del gasto en el Mineduc

El sector privado organizado reaccionó luego de que se conociera una negociación y firma de un nuevo Pacto Colectivo entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y la dirigencia magisterial.

Pacto colectivo

El sector privado organizado fijo postura con respecto al Pacto Colectivo entre el magisterio y el Mineduc. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Durante la presentación del Observatorio del Presupuesto, adscrito al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y que será la plataforma técnica de análisis y propuesta sobre los presupuestos públicos, se abordó el tema presupuestario del Ministerio de Educación (Mineduc), que es la institución que más presupuesto estatal recibe.

Hermann Girón, presidente del Cacif, explicó que el primer tema a analizar fue el de Educación, y al preguntarle sobre la negociación del nuevo Pacto Colectivo, respondió que la recomendación es que cada uno de esos acuerdos que se firmen en Guatemala, cumplan con las leyes referentes a la normativa presupuestaria, y en este caso en particular, el artículo 99 de la Ley del Presupuesto, en la cual se requieren dictámenes técnicos que justifiquen la inversión en los gastos de personal.

“Estaremos muy observantes de que esos dictámenes se cumplan y lo que entendemos es que una negociación de salarios para el ejercicio 2023”, enfatizó el dirigente empresarial.

Reiteró que no conocen detalles de ese Pacto Colectivo, “pero debe cumplir con las normas indicadas.  Si no hay cumplimiento de la ley, se hará el llamado a la atención”.

Posición

Diana Canella de Luna, presidenta de Empresarios por la Educación, consideró que los Pactos Colectivos no debieran existir y que el aumento -al salario- deber ser por el mérito y por los resultados.

Manifestó que esos acuerdos son aumentos generalizados, que no toman en cuenta el verdadero mérito de las personas que sí ejercen su función a cabalidad. “La ciudadanía debería dar sus opiniones para que esos pactos no se lleven a puerta cerrada y verdaderamente se debe medir cómo se ejecuta el gasto público, como lo propone Cacif, porque al final, son los impuestos pagados por los guatemaltecos que contribuyen”, indicó.

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Por otro lado, enfatizó que el Mineduc debiera balancear mejor su presupuesto, ya que existen  muchas carencias en otras áreas para que verdaderamente se pueda ofrecer una educación de calidad, tales como estructuras dignas, escuelas con agua potable, buenos servicios sanitarios, aulas con electricidad, lo que se ha dejado a la deriva.

Otra necesidad es que ahora se debe contar en las escuelas con herramientas digitales e internet para que los alumnos puedan complementar sus estudios con buenos contenidos. “La labor de un docente es importante, debe estar motivado y bien remunerado, pero por supuesto, que todo dependa de los aprendizajes de los alumnos, pues Guatemala necesita jóvenes preparados con habilidades y capacidades para el siglo XXI y en eso, las escuelas deben ayudar”, precisó.

Grueso gasto para salarios

En la presentación del Observatorio del Gasto del Cacif, se evidenció como del 2010 al 2020, el crecimiento interanual del gasto para el Mineduc, está por encima de las transacciones de la deuda pública, orden público y seguridad ciudadana, urbanización y servicios, protección social, salud, asuntos económicos, servicios públicos generales, defensa, protección ambiental, actividades deportivas, recreativas, cultura y religión.

Según el Observatorio, aproximadamente Q14 mil millones en 2021 fueron destinados a servicios personales y unos Q2 mil 500 millones, a transferencias corrientes que son para las juntas de padres de familia. La proporción es amplia al comparar el destino para salarios con el resto de los gastos del Mineduc.

Conclusiones y propuestas

Como parte de las conclusiones en el análisis del presupuesto del Mineduc, se señaló que “la inversión crítica en educación pública en Guatemala no solamente se ha detenido, sino ha tenido retrocesos importantes”.

Además, existe una estructura de gasto anual que refleja un desbalance en la planificación y ejecución, aparte de que la recuperación de la infraestructura educativa, modernizarla y actualizarla llevará muchos años, por lo que es necesario iniciarla cuanto antes.

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En la parte de propuestas, plantean “detener el desproporcionado crecimiento de los servicios personales en esa cartera, aplicando el artículo 99 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto 2022, para eliminar los impactos no razonados ni técnicamente justificados de los pactos colectivos”.

Así como concentrar, “en lo prudente, la ejecución del presupuesto 2022 en los gastos asignados a las diferentes entidades, para evitar la dispersión en la toma de decisiones y poder”. También observar el alcance de metas y el seguimiento de presupuestos vinculados al campo, con la educación pública.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.