Durante una sesión de urgencia, realizada el pasado martes 3 de febrero por los miembros de la Junta Sectorial Agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), se abordó la exclusión del sector en el Acuerdo Recíproco Arancelario entre Guatemala y Estados Unidos, por lo que se definió una serie de medidas con el fin de restablecer las condiciones previas para esta actividad productiva.

Al menos algunos lineamientos sectoriales serían propuestos para atender la “emergencia” que enfrentan los productores y toda la cadena vinculada a la producción de minivegetales, debido a que las exportaciones quedaron sujetas a un gravamen del 10%.

Durante la reunión, los directores reiteraron que al menos un millón de personas, que participan en distintos eslabones de la cadena productiva, se verían afectadas de manera directa, especialmente en el altiplano central y occidental del país, donde se produce ejote francés y dulce, calabacín, zanahoria, brócoli, mora y berries, entre otros productos que ya se encuentran posicionados en el mercado estadounidense.

El impacto para el sector agrícola se proyecta en alrededor de US$600 millones, según un reporte de Agexport.

Plantean alivios fiscales por arancel

Al ser consultado, Estuardo Castro, vicepresidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, explicó que surgieron dos líneas de acción inmediatas: la primera consiste en acercamientos con las autoridades del Ministerio de Economía, en su calidad de administrador del comercio exterior, y la segunda con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), debido a que la medida impacta directamente en la producción rural.

El objetivo, indicó, es identificar puntos que permitan revertir la decisión adoptada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Dentro del esquema de propuestas, se planteó el análisis para la formulación de una política sectorial en el Congreso de la República, que permita atender al sector ante la vigencia de las medidas impuestas por las autoridades estadounidenses.

Castro ejemplificó como posibles alternativas la eliminación del Impuesto de Solidaridad (ISO) y mecanismos de compensación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el fin de neutralizar el impacto del arancel del 10% aplicado a las exportaciones.

Asimismo, mencionó la creación de una ley de fomento para el sector agrícola no tradicional, similar a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89), como una medida temporal, mientras se mantenga la actual administración del Gobierno de Estados Unidos.

“Si no se brinda algún tipo de apoyo a la agricultura no tradicional, al quedar excluida del beneficio arancelario, muchas empresas podrían entrar en quiebra, lo que implicaría la pérdida de negocios y empleos rurales”, advirtió Castro.

El directivo afirmó que se mantienen los acercamientos para incluir a los productos agrícolas no tradicionales dentro del esquema de beneficios, ya que los productos tradicionales sí lograron acceder a la tasa de cero aranceles.

Arancel pone en riesgo inversión y competitividad

Para Francisco Viteri García-Gallont, director de Agropecuaria Popoyán —empresa exportadora hacia Estados Unidos—, la exclusión del sector agrícola no tradicional resulta preocupante por al menos siete puntos críticos identificados desde la suscripción del acuerdo, el pasado viernes 30 de enero en Washington D. C.

El directivo aclaró que aún es necesario esperar el veredicto sobre los productos que no fueron incluidos en el primer listado, así como conocer cómo se manejará su situación. En ese contexto, señaló que el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía (Mineco), debe aprovechar el momento para retomar las conversaciones con Estados Unidos y buscar la inclusión de estos productos dentro del esquema de exención del arancel recíproco.

“Es ahora cuando se debe actuar para lograr un resultado favorable”, apuntó.

Como segundo punto, Viteri destacó que los productos agrícolas que aún enfrentan aranceles son producidos por pequeños, medianos y grandes productores, lo que amplía el impacto de la medida en toda la cadena productiva.

Añadió que se trata de productores que han realizado importantes inversiones para enfrentar el cambio climático y tecnificarse, con el objetivo de cumplir los requerimientos del mercado internacional. Sin embargo, la imposición del arancel los coloca en una situación financiera vulnerable, ya que dichas inversiones se realizaron sin prever este impacto, que afecta directamente sus ingresos.

Asimismo, reiteró que los productores y exportadores guatemaltecos no compiten en igualdad de condiciones frente a México, país que abastece los mismos productos al mercado estadounidense, debido a varias ventajas estructurales:

• Arancel cero para los productos mexicanos.
• Costos de transporte significativamente menores hacia los puertos de entrada.
• Tiempos de tránsito más cortos, que van de seis a 36 horas desde el despacho hasta el puerto de entrada, frente a siete días en el mejor de los casos para Guatemala, desde la empacadora hasta el destino final.

Afecta a productores agrícolas tecnificados

El director de Agropecuaria Popoyán reiteró que varios de los productos agrícolas que aún mantienen aranceles se producen en zonas que forman parte de la ruta de desarrollo agrícola tecnificado. Explicó que los productores han recibido capacitación, realizado inversiones y avanzado con rapidez en sus procesos productivos; sin embargo, la actual situación afecta de forma significativa sus condiciones de operación y competitividad.

Asimismo, subrayó que estos productos no compiten por estacionalidad con la producción local de Estados Unidos, ya que los productos estadounidenses siempre han tenido —y mantienen— precios más altos, diferencia que el consumidor reconoce y que, afirmó, se mantendrá en el mercado.

Añadió que los supermercados demandan abastecimiento durante todo el año, y que la única forma de garantizar ese suministro continuo es mediante producto importado, lo que refuerza la importancia de mantener condiciones arancelarias competitivas.

Finalmente, destacó que en Guatemala se desarrolla una agricultura responsable y bien ejecutada, que cumple e incluso supera las normativas nacionales y las exigencias de los países de destino, lo cual respalda la calidad y trazabilidad de los productos agrícolas no tradicionales.