Desde el año 2014 Minera San Rafael, ha realizado fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional.
La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se está desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país.
El día de hoy se presentó un Amicus Curiae ante la @CC_Guatemala el cuál busca la reanudación de labores de la Minera San Rafael. pic.twitter.com/XaUK6LmlOd
— Juan Pablo Carrasco (@jpcarrascodg) October 24, 2017
“Esperamos que la sentencia sea emitida en el plazo de ley luego de realizada la vista el próximo 25 de octubre, ya que es importante recordar que con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17 mil empleos directos de los cuales dependen más de 85 mil guatemaltecos, así como los más de US$5 millones que dejan de ingresar diariamente al país en concepto de pago a proveedores, impuestos y regalías y más de US$120 millones en inversión anual y pago a proveedores”, agregó Carrasco.
