La indignación colectiva surgió cuando 107 diputados votaron a favor de modificar el Código Penal para favorecer el financiamiento electoral ilícito y además reducir penas carcelarias para más de 400 tipos de delitos, incluídos varios de los que muchos congresistas son señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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