Varios cuentahabientes afectados denunciaron haber sido estafados por la Cooperativa, que cerró en 2009 por “falta de liquidez”, informó el fiscal.
La carencia de activos de la entidad financiera se provocó porque los integrantes de las juntas directiva y de evaluación se aprobaron comisiones, bonificaciones, sueldos, extras, bonos, dividendos, vacaciones y viajes al extranjero, explicó Sánchez.
Esa práctica duró ocho años y en ese tiempo habrían malversado Q19 millones, según la investigación del MP.
Sánchez expuso que la directiva de la cooperativa “conocía de la falta de liquidez” y “recurrieron a prestar dinero a otras entidades financieras para aparentar solidez financiera”.
“Incluso, hay registros de un préstamo hipotecario que se hizo por Q3.1 millones y el dinero adquirido se inyectó a las arcas de la cooperativa para aparentar solvencia económica ante sus asociados”, dijo el agente fiscal.
Ese crédito no fue cancelado por la entidad, por lo que perdió un inmueble que dio como garantía, así que “cuando no hubo más préstamos se acabó el dinero y -la directiva- se vio obligada a cerrar”, señaló Sánchez.
Según el agente fiscal, los miembros de la directiva de la referida cooperativa se “liquidaban cada fin de año” y en enero próximo “volvían a contratarse”.
Hasta el momento, según las pesquisas, 12 miembros de la Cooperativa Hunapú podrían estar implicados en los hechos y el fiscal no se descarta que haya más.
La cooperativa tenía sedes en las zonas 1, 5, 6 y 18 de la capital y en San Vicente Pacaya, Escuintla. Por la estafa a unos 350 cuentahabientes han sido capturados, este 6 de noviembre, cuatro personas y otras cuatro fueron citadas al juzgado.
Fiscalización
Prensa Libre se comunicó al PBX de la Inspección General de Cooperativas para preguntar sobre el proceso de fiscalización de las cooperativas y del caso concreto de Hunapú, pero el joven que respondió la llamada indicó que se devolviera la llamada en 10 minutos, pues prepararían una respuesta. Pasado ese tiempo se llamó de nuevo al 22974000 y dejaron en espera durante varios minutos hasta que se cortó la comunicación, al marcar de nuevo, no respondieron la llamada.
De acuerdo a la web de la referida institución, esta “es el órgano fiscalizador, creado por el Estado para ejercer supervisión y vigilancia permanente a las cooperativas, federaciones, confederaciones, centrales de servicio y todas aquellas organizaciones que sean creadas bajo amparo de la Ley General de Cooperativas. Jerárquicamente depende de la Presidencia de la República, pero actúa con independencia funcional, administrativa y económica”.
“Por mandato legal, la INGECOP, para el desempeño de sus funciones debe velar por el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las Cooperativas; por lo tanto, la observancia de la aplicación del ordenamiento jurídico del País, le es obligatorio y base para sus funciones y atribuciones”, se lee en el sitio.
En septiembre de 2017, fue juramentada Ligia Margarita Castañeda como inspectora general.
En la colonia Paraíso II zona 18, investigadores de la #DEIC #PNC en coordinación con Ministerio Público realizaron un allanamiento, en el lugar fue notificada una orden de aprehensión en contra de Delmy Oliva de 39 años, sindicada del delito de estafa propia en forma continuada. pic.twitter.com/2A80oEc0rU
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 6, 2019
En abril último, la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales del Congreso de la República se reunió para analizar reformas al decreto 82-78, Ley General de Cooperativas. Uno de los temas se refirió a la “necesidad de separar a la Inspección General de Cooperativas del Instituto Nacional de Cooperativas, pues no pueden ser juez y parte”.
En esa reunión se indicó que la INGECOP “entrega al Instituto los informes de irregularidades, pero la mayoría de estos es archivada”.
De acuerdo con las estadísticas halladas en el sitio del Instituto Nacional de Cooperativas, en el país, cerca de dos millones de personas están asociadas a estas entidades, que a abril de 2018 superaban las dos mil.
Se consultó a la Superintendencia de Bancos con respecto a si existe algún mecanismo de control de las cooperativas por parte de la entidad, pero Corina Ardón, coordinadora de Comunicación de la institución, indicó que “de acuerdo a lo que la Ley de Supervisión Financiera establece, las cooperativas no son entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos”.
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