Organizaciones ecologistas y de recursos naturales de la sociedad civil que están representadas ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y la junta directiva del Instituto Nacional de Bosques (Inab) ya han lanzado la voz de alerta sobre estas propuestas.
El argumento: “Que son improvisadas, no tienen un sólido sustento técnico ni jurídico y tampoco han sido consultadas con la población”. Su objetivo, aseguran, “es debilitar la legislación y las instituciones ambientales del país”.
Dos de las tres propuestas legislativas las envió la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, del partido Vamos, y la apoya el congresista de Visión con Valores Aníbal Rojas, hermano del ministro de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Mario Rojas, entre otros legisladores.
El fin de las iniciativas es que el Marn absorba y concentre las funciones, jurisdicciones y presupuestos del Conap, el Inab, la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.
Modificar estas leyes conllevaría, según los expertos, concentrar en un solo ministro el poder de decisión sobre todo el patrimonio natural. “Esto incrementaría la discrecionalidad, el clientelismo, la corrupción y aumentaría la emisión de permisos y licencias de extracción irracional y destrucción de la naturaleza dentro y fuera de áreas protegidas”, señalan.
La propuesta legislativa que impulsa el oficialismo, y es apoyada por otros partidos afines, busca también desechar, por ejemplo, la obligatoriedad de los estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA) para actividades religiosas y de culto y modificar el pago de multas por daños ambientales.
La iniciativa 6021 la planteó el presidente Alejandro Giammattei. El objetivo es reformar la Ley de Hidrocarburos, decreto ley 109-83. Esta modificación buscar facultar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para autorizar una prórroga “al plazo contractual de operaciones de explotación petrolera en la reserva natural Xan, que está en el parque nacional “zona núcleo”, en la Reserva de la Biósfera Maya.
“Desvirtuar el proceso de gestión ambiental, debilitar los pocos controles y sanciones que existen y exonerar de multas a los infractores de las leyes ambientales, es inadmisible”, expresan organizaciones ambientales.
Y añaden que “prorrogar un contrato petrolero, obviando que está dentro de un parque nacional legalmente declarado, que es zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya y fundamentándola sobre la prórroga legalmente aprobada en el 2010, no es coherente”.
Temor a aprobación exprés
Una de las voces en contra de dos de las tres iniciativas de ley proviene desde adentro del Congreso. El diputado Luis Pineda, del partido Movimiento Semilla, y miembro de la Comisión de Ambiente, tiene dudas de las propuestas.
Incluso teme que ocurra una aprobación “exprés” que impida un análisis profundo, muy similar a lo que ocurrió con el presupuesto del 2021 y la ampliación de Q3 mil millones al Ministerio de Comunicaciones.
“Preocupa también que solamente traiga un dictamen ya redactado a la Comisión y que no se permita un espacio de discusión. Hemos considerado como preocupante que se otorgue la rectoría exclusiva al Ministerio de Ambiente”, indicó el legislador.
Pineda señaló que esa cartera es la que puede dar vía libre a proyectos hidroeléctricos, empresas mineras y demás que tengan que ver con la extracción de recursos, lo que a su criterio es una cuestión más que importante.
En representación de los intereses de la población, hoy me he opuesto rotundamente a la iniciativa 6054, que busca concentrar en el Ministerio de Ambiente la rectoría técnica, administrativa y financiera de los recursos naturales y áreas protegidas del país. pic.twitter.com/BGv2cDjS9X
— Luis Fernando Pineda (@PinedaLuis_GT) April 20, 2022
“Se estaría creando un súper Ministerio de Ambiente, se le darían absolutos poderes para ver qué proyectos son viables y cuáles no; hay varias actividades económicas donde se utilizan recursos naturales, esto podría quedar en una cuestión político–económica”, expresó.
El actual titular del Marn, Mario Rojas, es hermano de uno de los diputados ponentes de la ley, lo que también despierta dudas sobre el fondo que tengan las propuestas, expresó Pineda.
“El ministro es el señor Rojas, hermano de Aníbal Rojas. Por ahí se ve otra cuestión que se vaya a volver un tema político, sin enfocarse en cuestiones técnicas ni apegadas en resolución de procesos o estudios de impacto ambiental”, agregó.
Pero la oposición no se limita al Congreso. La Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, en un comunicado, expuso que con las propuestas “los funcionarios que conformen las direcciones ejecutivas o consejos serían nombrados por el Marn, y eso atentaría contra la autonomía e independencia de las instituciones, ya que los funcionarios acatarán lo demandado por el gobierno de turno, sin crear oposición alguna, aún y cuando los proyectos presenten impacto negativo a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados”.
Es importante el pronunciamiento de las instituciones involucradas y rectoras en temas ambientales @CONAPgt @CeconGt @oeb_usac @ccqqfar https://t.co/tBMvqM0pHj
— Mervin E. Pérez, PhD (@MervinPerez20) April 11, 2022
Ven con preocupación que “centralizar la coordinación en el Marn eliminaría toda posible oposición a propuestas de extracción y aprovechamiento irracional de los recursos naturales, ya que disuelve la representación interinstitucional de direcciones ejecutivas o consejos, entes que han sido contrapeso importante en la no aprobación de estudios de impacto ambiental de proyectos nocivos al medioambiente y su biodiversidad”.
“Debemos de correr”
Aníbal Rojas, de la bancada Visión con Valores (Viva), ponente de las iniciativas y hermano del actual ministro de Ambiente, aseguró que las propuestas solo buscan mejorar la legislación ambiental.
“Vienen a fortalecer el medioambiente. La idea fundamental es integrar al Ministerio de Ambiente las instituciones que trabajan de manera individual, que cumplen funciones que van ligadas a aquella cartera. Lo vemos positivo, porque se dan muchas cuestiones en estas instituciones que no permiten su eficacia”, expuso Rojas.
Consideró que la descentralización vigente en materia ambiental ha generado un descuido de los recursos naturales, sin contar que hay algunas instituciones en medioambiente manchadas con sospechas de corrupción.
“Por la descentralización que se dio desde un inicio con estas instituciones, fue lo que promovió que hoy no lo hagan. En Petén hay una deforestación total, no hay presupuesto, a la gente no le interesa hacer su trabajo”, manifestó.
Rojas consideró que atacar la ley por su parentesco con el ministro es algo infundado. “No tiene que ver una cosa con la otra”, justificó. Incluso, aseguró que es importante agilizar su aprobación.
“Cuando hablamos de medioambiente, debemos de correr; mientras nos tardemos más, los efectos de las malas gestiones también se agrandan mucho más. Creo que la comisión debe dictaminarlo de manera rápida, debemos de apartarnos de comentarios negativos”, expresó el oficialista.
El diputado agregó: “Le puedo garantizar que, a pesar de las críticas, vamos a seguir adelante, vamos a usar todo el esfuerzo que podamos tener, no solo dentro de la alianza que tenemos fortalecida en el Congreso, para que estos temas de trascendencia nacional puedan convertir a Guatemala en un país de primer mundo. Lo haremos a pesar de esas críticas infundadas”.
Expertos
Conrado Valdés Marckwordt es ingeniero agrónomo, defensor del uso sostenible para la conservación de los recursos renovables, y cree que la alteración de la Ley Forestal, tal como lo plantean estas iniciativas, significarían un retroceso de 25 años hacia la centralización de las actividades forestales en el país.
“El Inab, por su característica de autonomía, con gobierno propio, en donde en junta directiva se representan varias entidades públicas, privadas, incluyendo la academia, le han dado esa ventaja administrativa de agilidad en los procesos, que ha facilitado el impulso de las actividades de fomento y desarrollo forestal en Guatemala”, expuso.
Agregó que la deforestación es un problema complejo, que proviene del motivado cambio de uso del suelo, promovido por sectores poco afines al sector forestal y la falta de ordenamiento territorial, motivado por situaciones socioeconómicas y políticas, que ha trascendido gobiernos y que obedece a soluciones globales en el ámbito nacional y regional.
“Centralizar la administración del recurso forestal no es la solución para lograr el aumento de la Cobertura Boscosa en el país. El Inab, responde a una Ley Forestal técnica-profesional, promovida desde el consenso de las entidades que integran la junta directiva y con amplio conocimiento de la problemática del uso racional y sostenible de los recursos forestales de Guatemala; por ende, trastocar dicha ley obstaculizaría el impulso que ha tenido la eficiente actividad en el país a través del otorgamiento de los incentivos forestales a la conservación y recuperación de cobertura boscosa”, dijo.
Añadió que “el Ministerio de Ambiente ha demostrado incapacidad en la solución de la problemática ambiental del país, en lo que concierne a contaminación del agua, aire y sonido, deposición y tratamiento de basuras, a través de ejercer una burocracia administrativa sin límites; por lo tanto, no es el indicado para darle solución a la problemática de reducción y aumento de la cobertura boscosa de nuestro país”.
Para el científico Marvin Romero, activista que ha defendido el Lago de Atitlán desde hace más de una década, las iniciativas son un golpe bajo al ambiente y a los recursos naturales del país.
“La iniciativa de ley 6054, que sitúa bajo la coordinación del Marn las instituciones de competencia ambiental, es nefasta para los genuinos intereses del país, para los recursos naturales y el ambiente de la nación, especialmente para las áreas protegidas y las cuencas de los principales lagos de Guatemala”, expresó.
Advirtió de que “más que darle solución a los problemas que se manifiestan en la exposición de motivos, el principal propósito de centralizar en el Marn la administración de la institucionalidad ambiental del país es garantizar el manoseo político de la institucionalidad ambiental, asegurarle al Ejecutivo la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los fondos, fideicomisos, programas y otras fuentes de financiamiento, a favor de intereses espurios y particulares”.
Además, “garantizar la explotación y uso irracional de los recursos naturales del país al que mejor pague o tenga más poder, en detrimento del bienestar común y la calidad de vida de todos los guatemaltecos; y garantizarle impunidad a todos los contaminadores y destructores del ambiente que representen intereses económicos o políticos para los funcionarios de turno”.
Romero consideró algunos de los motivos que se exponen para justificar la propuesta de ley son ciertos, sobre todo aquellos que señalan la burocracia, la ineficiencia institucional y el poco o nulo cumplimiento de los mandatos específicos de la actual institucionalidad ambiental del país, pero argumentó que “eso no sucede por un mal diseño de esa institucionalidad, sino porque las han llenado de personal mediocre e incapaz, que responde a intereses particulares ya sea políticos o de sus patrocinadores”.
El experto cree en una reforma legal a la institucionalidad ambiental de Guatemala, “pero no para centralizarla en el Marn, sino para blindarla de los manoseos políticos, para garantizar una gestión más transparente y ágil, para hacerla más participativa y abrirles espacios a todos los sectores del país, y para garantizar que en ella labore gente con los mejores perfiles profesionales, honestos y comprometidos con la defensa del ambiente y los recursos naturales de la nación”.
Respetan independencia
El jefe del Marn, Mario Rojas Espino, indicó que esa cartera es respetuosa de la independencia de los poderes del Estado; uno de ellos, el Organismo Legislativo, en donde se discuten las iniciativas de ley.
“El Ministerio de Ambiente podrá emitir una opinión cuando se tenga el conocimiento pleno del contenido de dichas propuestas de ley”, aseveró.
Dictamen desfavorable
La iniciativa 6054 fue discutida en la Comisión de Ambiente el miércoles y jueves pasado; sin embargo, por las críticas alrededor de la propuesta, se conoció que los diputados acordaron que emitirán un dictamen desfavorable.
De momento, la iniciativa 6055 sigue pendiente de discusión, pero esta podría recibir un dictamen favorable con modificaciones, según informaron congresistas de la Comisión.
La Cámara del Agro (Camagro) fue puntual y les pidió por medio de un comunicado emitir un dictamen desfavorable a la iniciativa 6054, porque consideran que los efectos de la aprobación “representará un serio retroceso en materia de descentralización”.
Solicitamos al @CongresoGuate DICTAMEN DESFAVORABLE a la Iniciativa 6054 y NO APROBAR leyes que representan retrocesos y debilitan capacidades técnicas de instituciones como el INAB poniendo en riesgo el desarrollo sostenible pic.twitter.com/WdOeTAo9QX
— Cámara del Agro (@CamagroGuate) April 20, 2022
Puntualizó: “La concentración de poder y funciones administrativas, técnicas y financieras para el control de los recursos, fondos y programas bajo un solo Ministerio limitando la participación ciudadana, el acompañamiento técnico y científico actúa en detrimento de la fiscalización social y la transparencia en el manejo de los recursos”, escribieron.
Acá puede leer las iniciativas de ley:
