¿Declarar terroristas a las maras o aumentar penas? Qué tan efectivas y aplicables podrían ser estas leyes en Guatemala
Guatemala vuelve a debatir cómo combatir a las pandillas: ¿declararlas terroristas o aumentar las penas? Analistas advierten que la clave no está en endurecer leyes.
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Reos esposados de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en fila durante su traslado al Centro “Renovación 1”. La imagen es de referencia y refleja el contexto en que se discuten nuevas propuestas para endurecer penas y estrategias contra las pandillas en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Mingob)
Guatemala enfrenta un debate que vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: cómo combatir de forma efectiva a las pandillas y sus actividades delictivas. ¿Deberían ser declaradas terroristas o bastaría con aumentar las penas por sus crímenes?
En el 2020 se intentó tipificar a las pandillas como organizaciones terroristas, pero la iniciativa no prosperó debido a diferencias legales y controversia.
Actualmente, en septiembre del 2025, el Congreso analiza nuevas propuestas que buscan sancionar con mayor severidad delitos como el sicariato, la extorsión y el reclutamiento de menores de edad.
Los diputados que integran la Comisión de Gobernación comenzaron a debatir medidas para endurecer las sanciones contra las maras y grupos criminales en Guatemala.
¿Qué contienen las iniciativas?
La iniciativa 5481 propone tipificar el sicariato agravado con penas de hasta 50 años de cárcel para quienes asesinen siendo identificados como integrantes de una pandilla.
Además, se aplicaría la misma pena a quienes maten a menores de edad o adultos mayores de 60 años. También sancionaría el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones.
Por su parte, la iniciativa 6411 plantea mecanismos para fortalecer la protección de las fuerzas de seguridad y del sector justicia en el ejercicio legítimo de sus funciones, incluso en casos de uso de la fuerza y arresto domiciliario.
Aunque actualmente se discuten estas propuestas, en el 2020 se presentó la iniciativa 5692, que buscaba tipificar a las maras como organizaciones terroristas, con penas de 6 a 12 años.
El debate sobre cómo combatir a las pandillas vuelve a tomar fuerza.
Terrorismo y legislación
El debate sobre declarar terroristas a las maras suele tomar como referencia modelos extranjeros, especialmente el de Estados Unidos, donde el terrorismo implica violencia de gran escala y otorga al Estado facultades extraordinarias para actuar.
Francisco Quezada, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que, en Guatemala, el terrorismo no se aplica a personas o grupos, sino a conductas específicas destinadas a debilitar al Estado mediante ataques a terceros. Por eso, aunque una pandilla cometa asesinatos o extorsiones, estas acciones no encajan automáticamente en la figura de terrorismo.
“No cuadra, porque el terrorismo es una conducta; cualquiera puede ser terrorista, depende de cómo esté actuando”, explicó.
Un ejemplo podría ser el ataque violento de una mara, como arrojar una bomba a un bus, que, según Quezada, no constituye automáticamente terrorismo. La tipificación depende de la intención de presionar al Estado.
“Si lo que está haciendo es atacar el bus donde muere gente para decirle al gobierno ‘si me persiguen, esto voy a hacer’, ahí sí se convierte en una acción terrorista. El terrorismo es como la razón con que se mueve el delincuente, pero no es el propio delincuente, sino sus motivos”, puntualizó.
Más allá de la definición legal, declarar a las pandillas como terroristas en Guatemala enfrenta limitaciones logísticas y operativas.
En Estados Unidos, la figura de terrorismo permite al Estado acceder a financiamiento amplio, protocolos especiales y facultades extraordinarias para enfrentar amenazas de gran escala. Guatemala, en cambio, explica, no cuenta con la infraestructura policial ni judicial para sostener operaciones similares, ni con un marco legal que permita aplicar estas medidas sin conflictos con derechos humanos y tratados internacionales.
Efectividad de penas y riesgos del sistema
Respecto al endurecimiento de penas, analistas advierten que este no garantiza la reducción de los delitos.
Quezada subraya: “Se ha probado que se suben las penas y no bajan los delitos. Las personas no le tienen miedo a la pena, ni a la severidad ni a la pena de muerte. Lo que le temen es al riesgo… que haya una buena investigación, el riesgo de sufrir una condena”.
En la misma línea, Axel Romero, exviceministro de Prevención de la Violencia, critica que las propuestas no abordan las causas de fondo que vinculan a los jóvenes con las pandillas:
“Estas propuestas no atacan las causas que generan la vinculación de los jóvenes a las pandillas. Hay que tener sistemas de inteligencia y control territorial policial. No se está pensando en una visión sistémica”, aseguró.
“Y sin un sistema de justicia sólido, es populismo punitivo electoral… ¿De qué sirve una pena más grave si jamás se va a llegar a una condena?”, cuestionó.
En este contexto, Mario Mérida, analista y especialista en temas de seguridad, enfatiza que cualquier acción debe basarse en inteligencia y coordinación institucional:
“Hay que echar mano de los agentes encubiertos… antes de llegar a medidas similares a las del vecino país, El Salvador. El problema para Guatemala es que el gobierno hoy por hoy no tiene esa fortaleza ni ese reconocimiento para tomar decisiones de ese nivel… Incluso el gobierno se arriesga si impone un estado de excepción mínimo; siempre va a ser cuestionado”, advirtió.
Mérida señala que, más allá de endurecer penas, la efectividad de las leyes depende de una estrategia integral que combine “operativos realmente formales, con varios grupos de policías, identificando masivamente a todas las personas sospechosas en las calles” y el establecimiento de un “control comunitario en las áreas donde operan” las pandillas.
Según él, solo mediante esta combinación de acciones —prevención, seguimiento, capturas y protección de la población— se puede enfrentar de forma efectiva la violencia y las extorsiones, en lugar de depender únicamente de medidas reactivas o sanciones legales.
Romero y Quezada coinciden en que la certeza del castigo y la eficiencia del sistema de justicia son factores más determinantes para inhibir la criminalidad que el incremento de penas.
Menores de edad y el modelo Bukele
El reclutamiento de menores por parte de las maras es otra preocupación central.
Las fuentes consultadas señalan que la legislación guatemalteca es muy protectora con los menores, y las pandillas se aprovechan de las sanciones más leves que aplica la ley para este grupo.
“Hay muchos tratados internacionales por la protección a menores de edad… por ese lado, sí hay que mejorar, hay que hacerlo más punitivo”, señala Quezada.
Respecto al modelo Bukele en El Salvador, Mérida reconoce su efectividad para contener a las pandillas, pero advierte que Guatemala carece de la infraestructura y legitimidad política para replicarlo:
“Al mismo tiempo, vemos que de alguna manera se logró contener el fenómeno en ese país… No tenemos realmente una cárcel de máxima seguridad como ese centro antiterrorista que creó Bukele”, indicó.
Los expertos coinciden en que, más que endurecer penas de forma aislada, Guatemala necesita estrategias inteligentes y coordinadas, adaptadas a su realidad legal y social, con especial atención a los menores y al fortalecimiento de la justicia y la inteligencia policial.
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