Con el nuevo emplazamiento al Ministerio de Educación (Mineduc), promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), la negociación del pacto colectivo del magisterio “queda en suspenso”, según el viceministro Francisco Cabrera.

Fue el Juzgado de Primera Instancia de Faltas Laborales del departamento de Guatemala el que dio trámite a la acción legal presentada el 22 de abril por la agrupación sindical dirigida por Joviel Acevedo, que alega un conflicto colectivo de carácter económico-social.

Cabrera indicó que la discusión del nuevo pacto colectivo llegó a cerca del 80% y que se había entrampado en los artículos con impacto económico y en los puntos que vulneran la rectoría de la cartera.

“No es el Ministerio de Educación el que está rompiendo la negociación; es el Steg el que optó por judicializar el proceso”, menciona el funcionario.

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Por ello, a partir de esta semana, las reuniones que se realizaban todos los miércoles en la sede del Mineduc, con los representantes del ministerio y del Steg, para discutir el nuevo pacto colectivo, ya no se llevarán a cabo.

Lo que hasta ahora se discutió y se acordó en las reuniones queda plasmado en las actas, pero no cobrará vigencia, a menos que en una negociación con intermediación judicial se acuerde recuperar lo que ya se había negociado en la mesa.

“Habrá primero un cruce de alegatos formales de las partes con el juzgado y, si no hay puntos de acuerdo, se establecerá una negociación con la mediación de otro juzgado. Es una suerte de arbitraje que se hace con el tema del pacto, y allí pueden retomarse los artículos que ya habían tenido algún nivel de acuerdo”, agrega el viceministro.

Dicho proceso puede prolongarse; mientras tanto, sigue vigente el pacto colectivo del 2022.

En enero pasado, el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la Admisión de Demandas del Departamento de Guatemala emplazó al Mineduc, acción promovida por el comité ad hoc de la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, grupo que, según la cartera, estaba integrado por miembros del Steg.

La semana pasada, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dejó sin efecto las prevenciones y dicho emplazamiento.

Por ello, a Cabrera no le extraña la nueva acción legal contra el ministerio, ahora promovida directamente por el sindicato de Acevedo.

“Era muy claro que se trataba de una maniobra con la que pretendían disfrazar el verdadero origen. Así que, al ser levantado el emplazamiento, pues creo que no les quedó otra alternativa. (La nueva acción) estaba en el escenario, pero francamente no esperábamos que sucediera ahora”, agrega el funcionario.

El alcance del emplazamiento, según el funcionario, es que los procesos disciplinarios y de destitución requieren la aprobación del juzgado. “Solo nos agrega un paso a lo que habitualmente habría hecho el ministerio, no es que no se pueda destituir; sí se puede, solo que le agrega un control judicial”, concluye Cabrera.