Comunitario

Origen del negocio del Transurbano

En marzo del 2010 —un mes después de haberse constituido el fideicomiso Transpas—, la Municipalidad  adjudicó 109 rutas de transporte público en la capital, por 25 años, a las empresas Rutas Metropolitanas,  Expansión Corporativa  Milenium, Concesionarios del Transporte  y Tendencias Modernas Latinoamericanas.

Unidades dañadas del Transurbano permanecen estacionadas en un predio de San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Unidades dañadas del Transurbano permanecen estacionadas en un predio de San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Cuatro meses antes, en  noviembre del 2009, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó una iniciativa de ley con el fin de exonerar de  impuestos la compra de los nuevos buses. Esta ya incluía los nombres de las empresas favorecidas con las 109 rutas.

En ese entonces, la Comisión de Finanzas era dirigida por el excandidato presidencial Manuel Baldizón.

Q210 millones fueron usados en el Transurbano.

Destino

En el 2012, los transportistas suscribieron con el Ministerio de Comunicaciones los convenios 01-2012DSM; 02-2012DSM y el 03-2012-DSM, el 19 de abril, 31  de julio y  4 de septiembre de ese año, respectivamente, por Q70 millones cada uno, para ejecutar un total de Q210 millones que incluían el combustible, la contratación de servicios de seguridad y los costos de operación.

Según los convenios, la cartera de Comunicaciones no tiene responsabilidad alguna  en la forma como se distribuyen los montos.

El nombre de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) figuró en el  Presupuesto General de la Nación del 2013, con nombre y apellido. Con anterioridad, el presupuesto estipulaba “subsidio al transporte urbano”. Gracias a una enmienda del entonces diputado del  Partido Patriota  Iván Arévalo, fue cambiada por “subsidio a la AEAU”.

Los hallazgos

El pago del subsidio se basó en informes diarios sin que existiera un procedimiento administrativo de control, de acuerdo con los auditores.

Q126 millones sirvieron para el  subsidio de combustible. La AEAU  presentó únicamente planillas, certificados  y recibos  que fueron aceptados por el Ministerio de Comunicaciones.

La AEAU estaba obligada a  elaborar un plan de seguridad y monitorear a dos mil agentes  por medio del control  de un GPS.

La Contraloría General  determinó que la AEAU carecía de controles internos que validaran  los reportes proporcionados por Protección Total, la empresa que dio el servicio.

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