Este miércoles 18 de octubre la CC emitió una resolución en la que le ordenaba al Ministerio de Gobernación “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”, donde desde hace 17 días decenas de guatemaltecos protestas para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien señala de pretender revertir los resultados de las elecciones generales por medio de acciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, de quien también pide su dimisión.
Los guatemaltecos que protestas y que en algunos casos participan en bloqueos de carreteras también exigen la renuncia de la fiscal Cinthia Monterroso y del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana. Los cuatro funcionarios fueron sancionados por EE. UU. al ser incluidos en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”.
De esa cuenta que este miércoles, Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., condenó la resolución de la CC y reiteró el compromiso de su país de promover la rendición de cuentas de los “actores corruptos”.
“Deploramos la orden de @CC_Guatemala de desalojar por la fuerza a manifestantes pacíficos de los lugares de manifestación en Guatemala”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
Agregó que “las acciones antidemocráticas de @MPGuatemala y otros que buscan impedir a @BArevalodeLeon tomar posesión de su cargo fracasarán”.
“Utilizaremos todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de los actores corruptos y de aquellos que intentan socavar la democracia”, escribió el alto funcionario del gobierno de Joe Biden.
Añadió que “hacemos un llamado a todos a demostrar moderación, proteger el derecho a reunirse pacíficamente y priorizar el diálogo”.
“Nosotros, junto con la comunidad internacional, estamos con el pueblo guatemalteco que ha hecho oír su voz a través de sus votos eligiendo a @BArevalodeLeon como lo certifica el @TSEGuatemala”, concluyó.
Cumplen la orden
Las autoridades ancestrales y representantes del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Policía Nacional Civil (PNC) y el procurador de los Derechos Humanos hicieron este miércoles 18 de octubre una supervisión del edificio del Ministerio Público (MP) en el barrio Gerona, zona 1 de la capital, previo a liberar los accesos en cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo, las autoridades ancestrales informaron que las protestas en demanda de la renuncia de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana continuarán por tiempo indefinido.
Luego de la inspección, los mismos manifestantes procedieron a retirar pancartas de la reja del MP y toldos que fueron colocados en la calle, los cuales fueron trasladados a otro sector del frente del inmueble.
“Les pedimos que nos ayuden a reorganizarnos, estaremos aquí manifestando el tiempo que sea necesario. Sí permitieron que nos quedemos acá y en el nombre de Dios se logra el objetivo -la renuncia de Porras-, dijo Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán.
Previo a eso las autoridades ancestrales y representantes del Mingob y la PNC se reunieron en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) luego de que la CC ordenara “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”.
