De esa cuenta, ciudadanos organizados colocaron este viernes 1 de septiembre una denuncia penal en contra del registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, quien canceló la personería jurídica del Movimiento Semilla; y en contra del Congreso de la República, cuya junta directiva declaró independientes a los diputados de dicha bancada, decisiones que han sido ampliamente criticadas a escala nacional e internacional.
Luis Compa, representante de La Red Nacional de Comisiones por la Transparencia, dijo que las denuncias que presentaron son por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
“Nos hemos presentado a la sede del Ministerio Público a presentar una denuncia contra el Congreso de la República y el registrador de ciudadanos, porque consideramos que se han cometido algunos delitos que es necesario señalar y que por obligación el MP tiene que investigar”, dijo Compa.
El dirigente añadió que las acciones que emprendieron se deben a que “estamos velando por la defensa de la democracia, por la defensa y por el cumplimiento de la de la voluntad del pueblo, y porque vemos que hay una amenaza, una amenaza concreta y real por parte del Ministerio Público, por parte del Congreso de la República, por parte del Registro de Ciudadanos”.
También dijo que esperan que con esta denuncia la fiscal Consuelo Porras “trabaje en favor del pueblo de Guatemala y pueda investigar este tipo de ilícitos que se están dando durante todo este este proceso”.
“Acudimos a esta institución para señalar directamente a las personas que están influyendo o interviniendo para poder quitar y violar derechos del partido político, pero más que todo, los derechos de la población guatemalteca, porque están atacando nuestra democracia”, dijo Compa.
La organización Acción Ciudadana le dio acompañamiento a quienes colocaron la denuncia, pues consideran que, con la cancelación del Movimiento Semilla si violó la ley, pues esta establece que ningún partido político puede ser suspendido durante el desarrollo de un evento electoral, pues este oficialmente concluye el 31 de octubre.
Edie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, dijo que la resolución del Registro de Ciudadanos es ilegal, y señala abusos de parte del Congreso, cuya junta directiva no utilizó los trámites parlamentarios normales para proceder en contra de los diputados de Semilla.
“Prácticamente se le retiran derechos a un partido que ha ganado el balotaje, ha ganado las votaciones de segunda vuelta y que ya se expresó de manera popular”, dijo Cux,
Agregó que los vecinos están preocupados porque no se está respetando la voluntad popular, y porque “hay un ataque claramente en contra de la democracia más allá del partido”.
“Nosotros estamos acompañando jurídicamente y apoyando este tipo de acciones en búsqueda de preservar la democracia en Guatemala”, concluyó Cux.
Exigen renuncias
Otro grupo de ciudadanos organizados presentaron en el MP una carta en la que solicitan la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general; Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial conta la Impunidad (Feci); y Cinthia Monterroso, agente fiscal de la Feci, por “falta de honorabilidad” para ostentar sus cargos.
Asimismo, recolectaron más de 114 mil firmas de personas que se unen a esta solicitud. Aseguran que no representan a ningún partido u organización política.
“Consuelo Porras, opinar no es un delito”, es la consigna que hace alusión a la solicitud de amparo que presentó hace una semana la jefa del MP ante la CC en contra de tuiteros y periodistas.
Los ciudadanos convocaron a manifestar el sábado a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución. Iniciarán con una marcha desde la 18 calle y 6ª. avenida.
La carta
Un parte de la carta presentada en la Fiscalía y dirigida a Porras señala que “Amparados en la Constitución Política de la República de Guatemala, misma que nos regula y faculta a todos los guatemaltecos por igual, exigimos la renuncia inmediata e irrevocable de los siguientes tres funcionarios a sus puestos” y agrega los nombres de Porras, Curruchiche y Monterroso.
Agrega que como resultado del actuar profesional de los tres funcionarios “es necesario e imperante indicar que carecen de honorabilidad, profesionalismo y objetividad”.
