Pobladores han hecho transmisiones en vivo en las que se observa cómo grupos de vecinos recorren las calles y hace el llamado a la unidad, para evitar que los agentes pasen por el pueblo para llegar a la zona del bloqueo.
Los vecinos solicitan ayuda y que se compartan las publicaciones que hacen, pues con eso, según ellos, pueden sumar apoyo para defender las demandas que hacen por medio de las protestas.
Fuentes en el lugar han informado que hay ordenes de desalojar a los manifestantes, quienes se oponen a las acciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra del proceso electoral.
Organizaciones indígenas bloquearon este miércoles por tercer día consecutivo varias rutas de Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien señalan de fraguar un supuesto golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial indicó que los inconformes mantienen cerrados al menos 21 tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras.
Además, cerraron el paso al Puerto Quetzal, sobre el Pacífico, mientras en Ciudad de Guatemala policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.
El gobierno saliente del presidente Alejandro Giammattei dijo este miércoles en un comunicado que reconoce el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero sin “atentar contra la integridad, el derecho a la vida, ni la libre locomoción de los guatemaltecos”.
Los bloqueos iniciaron el lunes en contra de los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo; acciones que han provocado preocupación y rechazo internacional.
Además, piden las renuncias de Porras; del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral.
Los cuatro funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos” y antidemocráticos de Estados Unidos.
