Una emprendedora de artículos de belleza inició un pequeño negocio de venta de maquillaje y cremas. Sin embargo, a medida que su emprendimiento crecía, empezaron a aparecer en redes sociales publicaciones de terceros que ofrecían los mismos productos con el mismo nombre y logotipo de su empresa. Se trataba de artículos falsificados que imitaban los de la emprendedora.

De acuerdo con Cynthia Sequeira, abogada experta en propiedad intelectual, proteger los derechos de propiedad intelectual en Guatemala es de suma importancia, ya que estos se convierten en el activo más importante de una empresa, sin importar su tamaño. “No solo les sucede a empresas grandes, sino también a emprendedores que no le dan importancia, desde el inicio, a la protección de su marca”, comentó.

En La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene, transmitido por Guatevisión todos los lunes a las 22 horas, se abordó la importancia de registrar las marcas de los negocios en el país. En el espacio participaron, además de Sequeira, Sara Larios, viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía (Mineco), y Estuardo Jauregui, presidente de la Asociación para la Protección de la Propiedad Intelectual para Centroamérica y el Caribe.

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Sequeira agregó que inscribir las marcas en el Registro de la Propiedad Intelectual no impide que terceros utilicen una marca, pero otorga a los propietarios mecanismos legales de protección. “Si no hacemos que el productor o que las empresas inscriban sus marcas, no pueden pedir o exigir el uso exclusivo de estas. La única manera de enfrentarse a terceros para poder exigir exclusividad es con el registro mismo”, explicó.

De acuerdo con la viceministra Larios, durante el 2024 se reportaron 9,960 registros marcarios y en el 2025 la cifra creció a 16,600. Durante el primer trimestre del 2026, según la funcionaria, se contabilizan 3,300 inscripciones.

Para Jauregui, el problema se agrava debido a la falta de cultura de los negocios de registrar sus marcas. “El registro es el primer paso, pero no es toda la solución. Lo que va a hacer es facilitar la defensa de sus derechos. Si no están inscritos, yo les diría que están perdidos. Si están inscritos, tienen una posibilidad muy alta de ganar”, indicó.

Añadió que la falsificación y la piratería afectan tanto a la economía como a la sociedad, aunque sus efectos varían según el tipo de producto. “No es lo mismo una prenda de ropa que una medicina”, afirmó.

Jauregui explicó que, en el caso de medicamentos falsificados, el impacto puede representar riesgos para la salud de las personas. “Ahí es donde el Gobierno tiene que actuar de una manera más severa para proteger”, dijo.

Falta justicia especializada

Jauregui aseguró que el costo de registrar una marca es menor, comparado con los gastos que implica defenderla en tribunales. “El consejo que les digo a todos mis clientes, pequeños o grandes, es: cuanto antes, mejor. Realmente, el costo de registro es marginal, es pequeño. El costo de defensa, de verdad, es muy grande. Es un juicio”, expresó.

Explicó que, aunque el proceso administrativo se realiza ante el Registro de la Propiedad Intelectual, los conflictos posteriores deben resolverse en tribunales civiles, mercantiles o penales. “Una vez registradas las marcas, se tienen que ir a juicios y estos son caros y lentos”, mencionó.

Añadió que uno de los problemas es que no se cuenta con justicia especializada. “Uno de los defectos es que no tenemos una justicia especializada. Nuestro tema de propiedad intelectual se va a materia civil y mercantil normal”, indicó.

Agregó que, aunque existen algunas fiscalías especializadas, aún se requiere fortalecer el sistema judicial para atender este tipo de casos. “Es más barato defender. No le van a poder quitar sus derechos, pero la diferencia en el costo de defender esos derechos es abismal”, dijo.

Agilización de trámites

La viceministra Larios explicó que actualmente se impulsan distintas acciones para agilizar y facilitar los trámites relacionados con el registro de marcas. Según indicó, aunque existen esfuerzos para modernizar el sistema, hay plazos establecidos por ley que deben cumplirse dentro del proceso registral. “Existen plazos señalados por la ley que impiden que ese registro se haga en un par de días. Hay plazos importantes, como el de oposición del registro marcario, que es de dos meses”, explicó.

Larios añadió que el análisis de las solicitudes debe realizarse de manera rigurosa, ya que también se busca proteger los derechos que ya se encuentran inscritos. “Los derechos de propiedad intelectual son monopolísticos, ya que, al tener el registro de una marca, eso impide a otras personas usar ese signo distintivo para identificar productos o servicios similares”, señaló.

La funcionaria destacó que el Registro de la Propiedad Intelectual avanza en un proceso de transformación digital orientado a brindar mayor agilidad y transparencia. Entre las acciones implementadas mencionó el fortalecimiento del centro de notificaciones, el cual informa diariamente a los usuarios sobre los avances de sus trámites.

“Anteriormente, los usuarios tenían que llegar físicamente a notificarse ante el registro. Actualmente, tenemos un centro de notificaciones que todos los días informa a los usuarios sobre los siguientes pasos de su trámite, para poder dar más celeridad”, afirmó.

Asimismo, indicó que la ventanilla electrónica ya permite realizar trámites completamente en línea. “Todos los trámites ya se pueden hacer de forma electrónica, sin tener que acudir físicamente al registro”, comentó.

Larios también señaló que hace poco más de un año fue inaugurado un centro de mediación para resolver conflictos relacionados con propiedad intelectual, sin necesidad de acudir a tribunales. “Este centro de mediación busca ofrecer un espacio amistoso y pacífico para resolver conflictos y evitar esa carga a los tribunales de justicia”, explicó.

De acuerdo con la viceministra, actualmente los usuarios pueden crear una cuenta en la plataforma digital, enviar documentos electrónicamente y recibir notificaciones sobre el avance de sus expedientes por la misma vía. “Lo que estamos haciendo es transformar toda la parte interna del sistema para poder tener no solo más certeza, sino también más transparencia y más agilidad en los trámites”, afirmó.

Cambios necesarios

Jauregui señaló que, aunque se han observado avances en materia de propiedad intelectual en Guatemala, aún existen aspectos que requieren fortalecimiento. “Vemos avances importantes, pero creo que falta trabajo por hacer. Lo sabe el Gobierno, lo sabe el sector privado y lo sabemos las asociaciones”, expresó.

Entre los principales retos destacó la necesidad de fortalecer la educación sobre propiedad intelectual, tanto en emprendedores como en empresas. Según indicó, muchas compañías inician campañas comerciales o lanzamientos de productos sin haber gestionado previamente la protección de sus marcas.

“Muchas veces las empresas no saben la importancia de la protección de la propiedad intelectual. Van a salir con una campaña y dos días antes están avisando a los abogados para ver cómo hacen una protección”, comentó.

Jauregui explicó que algunos países de Centroamérica ya cuentan con procesos automatizados para renovaciones y otros trámites más simples, por lo que consideró que Guatemala debe continuar avanzando en materia tecnológica. “La meta es ponernos a la altura de esos países”, indicó.

También señaló que el objetivo es alcanzar una plataforma completamente digital que reduzca el uso de papel y permita realizar los procesos de manera electrónica. “Hoy el mundo es digital. La mayor parte de los trámites se hace de forma electrónica y eso es lo que tenemos que hacer”, afirmó.

Frena la atracción de inversión

Sequeira señaló que la protección de estos derechos también influye en la atracción y permanencia de inversión extranjera en el país. Según explicó, existen al menos tres condiciones necesarias para que la inversión extranjera directa o indirecta encuentre garantías para operar en Guatemala. “La primera es contar con un marco sólido, un marco legal adecuado para que el inversionista vea protegida su propiedad intelectual”, afirmó.

Sequeira indicó que Guatemala cuenta actualmente con una Ley de Propiedad Industrial, sus reformas, reglamentos y normas relacionadas con derechos de autor. Sin embargo, consideró que aún existen oportunidades de mejora dentro del marco legal vigente.

La segunda condición, según detalló, es que los procesos de registro puedan realizarse de forma ágil y eficaz, debido a que muchas inversiones dependen de los tiempos de inscripción de marcas y otros derechos. “Muchas inversiones dependen de ese tiempo de registro y mientras ese proceso sea muy largo, eso nos puede perjudicar en los lanzamientos de productos o servicios”, explicó.

Añadió que el tercer elemento necesario es contar con mecanismos efectivos para defender los derechos de propiedad intelectual una vez registrados. “No es solo contar con los derechos, es que yo pueda defender esos derechos”, expresó.

En ese sentido, señaló que el país requiere tribunales y jueces especializados en propiedad intelectual para atender este tipo de conflictos. “Necesitamos cortes y jueces totalmente competentes para defender todo lo relativo a la propiedad intelectual”, afirmó.

La viceministra Sara Larios agregó que también se requiere coordinación entre distintas instituciones públicas y el sector privado para fortalecer la protección de estos derechos. “Se requiere coordinación con otras instituciones que cumplen una función muy importante, como la Fiscalía de Propiedad Intelectual, que investiga los delitos que infringen estos derechos”, señaló.

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