Los cuatro amparos eran en contra del mandatario, la canciller Sandra Jovel y el director de protocolo de la Cancillería. Accionaron la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fundación Myrna Mack y Alfonso Carrillo, a título personal.
Los amparos fueron recibidos por la Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo, este órgano se inhibió este lunes por competencia y será la CSJ quien deberá conocer las acciones.
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La información oficial señala que “por razón de competencia, dado que, los actos reclamados por los amparistas los emitió el director de Protocolo y Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad se inhibió de conocer los amparos presentados”.
Los amparos presentados por abogado Carrillo, la Fundación Myrna Mack y el PDH fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia. Mientras que otra acción promovida por el PDH fue remitida a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, debido a que es contra el Director de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una acción más de amparo, presentada por el Frente Parlamentario contra la Corrupción se conocerá por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, porque es contra el director de Protocolo y Ceremonial Diplomático, el resto de las acciones, por ser en contra del mandatario y la ministra de Relaciones Exteriores, deben ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia debido a que es su competencia.
Las peticiones públicas para que se otorguen las visas de cortesía a los trabajadores de la Cicig también incluyen a la fiscal general Consuelo Porras, quien pidió durante una comparecencia pública que se facilite los documentos al personal de Cicig porque es necesario que los expertos extranjeros estén presentes en la Comisión para continuar con las investigaciones de varios casos.
Pesquisas podrían ser el motivo
Aunque de manera oficial el Ejecutivo explicó por qué se revocaron las visas, información a la que tuvo acceso Prensa Libre detalla que el pretexto se debe a nuevas investigaciones que se desarrollan en la sede de la Comisión en Quetzaltenango y que involucraría a varios políticos.
Otro a quien se le revocó la visa es al investigador financieron, Vicenso Caruso, que es de nacionalidad italiana y que es un experto en rastreo de capitales y lavado de dinero.
Caruso es uno de los investigadores que dio seguimiento al caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). La revocatoria se dio luego de exponer ante la Comisión Pesquisidora del Congreso que conocía el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, aunque finalmente el Congreso decidió no retirarle la inmunidad al mandatario.
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