Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), había sido beneficiado con el cierre del caso en su contra el pasado 21 de julio, sin embargo, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo del Organismo Judicial decidió que debe ser juzgado.
El 20 de julio pasado, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo del juez Juan José Jiménez Texaj, cerró la investigación contra Sinibaldi en el caso Odebrecht al decretar el sobreseimiento.
Con esta resolución, el exministro se libraba de enfrentar juicio por ese caso y quedaban sin efecto las acusaciones en su contra por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo.
El exministro deberá enfrentar un debate por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo, por supuestamente haber recibido US$18 millones en sobornos para beneficiar con contratos a Odebrecht, entre 2011 y 2013.
La persecución contra Sinibaldi había cesado porque el Ministerio Público (Fiscalía) había decidido desechar los testimonios de dos empresarios brasileños que acusaban al exfuncionario de recibir dinero ilícitamente.
Esa decisión, que había provocado la libertad de Sinibaldi, fue tomada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de “corrupción y socavamiento de la justicia” en el país centroamericano.
Entre 2009 y 2015, Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, llegó a manejar más de US$25 millones en sobornos.
Sinibaldi se entregó a las autoridades en agosto de 2020, tras cuatro años fugado, y está acusado de corrupción en otros cuatro casos, incluido el denominado “Cooptación del Estado”, sobre un desfalco estatal millonario durante el gobierno de Pérez Molina.
El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, sobre el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.
