Esas acciones legales pretendían dejar en suspenso la resolución de la CSJ que trasladó al Congreso de la República el trámite de los antejuicios contra ocho magistrados electorales por la compra del Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y por lo que el MP quiere investigarlos.
Los amparos los presentaron los magistrados titulares del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor Custodio Franco Flores.
Otro más de Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, y uno más que plantearon en conjunto por los suplentes Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón Paredes.
Este 21 de noviembre el pleno de magistrados de la CC resolvió, por unanimidad, denegar el amparo que presentaron los magistrados titulares, Franco, Palencia, Rojas y Aguilera por lo que el trámite del retirarles la inmunidad en el Congreso sigue su curso.
Mientras que en el caso de Alfaro y los magistrados suplentes, Barahona, Cornejo y Paredes les otorgaron el amparo provisional. La CC consideró, por unanimidad, que la magistrada Alfaro disintió de la adjudicación y aprobación de la contratación del Programa Informático para Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023.
Respecto de los suplentes tampoco participaron en esa aprobación de la adjudicación del Trep.
El caso es el antejuicio 255-2023 planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados titulares del TSE. También en contra de los suplentes.
El pleno de la CC lo integraron en esta ocasión Héctor Hugo Pérez Aguilera, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez y Luis Rosales, por inhibitoria de Dina Ochoa.
El MP señala a los togados del TSE de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
En el amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, se lee que el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de la ciudad de Guatemala, un escrito y documentos adjuntos dirigido al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cual, contenía la solicitud de antejuicio.
Agrega que el juez ante quien se presentó el escrito, y a quien no iba dirigido el documento, “al ver que se trataba de una solicitud de antejuicio nueva, debió limitarse a remitir al Centro de Gestión Penal la solicitud de antejuicio relacionada para que dicho Centro lo distribuyera al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala que correspondiera y que es a quien iba dirigido el mismo.
No obstante, el juez de paz, sin tener competencia y sin que la solicitud de antejuicio nueva fuera dirigida a esa judicatura, procedió a dictar resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, en el expediente identificado como “DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO SGT 01141-2023-02164/Secretario, indicando que se inhibía de conocer de las diligencias de antejuicio presentada y ordenó remitir todo lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta resolviera lo que en derecho correspondiera”.
Además, señala que no se agotaron otros procesos y de eso no fue informada.
El pasado 7 de noviembre, por mayoría, el pleno de magistrados de la CSJ le dio trámite al antejuicio contra los magistrados del TSE que fue planteado por el MP y ordenó trasladar el expediente al Congreso para que este organismo concluya con el proceso.
En el Legislativo ya se conformó la comisión pesquisidora que conocerá este antejuicio. La integran Julio Montano, del Partido Unionista como presidente; Julio Longo, de FCN Nación como secretario; y los vocales son Flavio Muñoz y Douglas Rivero, del Partido Humanista; y el último vocal es Osmundo Ponce, de URNG-Maíz.
