El órgano investigador sindicó ayer a 16 sospechosos de integrar una célula que se denominó Lavadores, quienes se habrían asociado a la estructura de manera voluntaria para ocultar el origen ilícito de dinero recaudado entre contratistas del Estado a los que se les ofreció privilegiarlos con la adquisición de sus bienes o servicios, o con mantener los contratos que ya existían.

Grupo Estrella nació de la creación de las empresas La Montaña Ecológica, Publiases, Serpumer y Publimerc, todas relacionadas con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, las cuales fueron definidas por el MP, durante la investigación del caso Cooptación del Estado de Guatemala, como entidades comerciales que no tenían registro de actividades y que fueron formadas para simular el préstamo de servicios.

Las pesquisas detallan que antes de que el Partido Patriota (PP) asumiera el gobierno, con Otto Pérez Molina y Baldetti a la cabeza, las entidades que integraban el Grupo Estrella no tenían clientes ni planilla de empleados y sus actividades eran inexistentes.

El MP detectó que la dinámica del Grupo Estrella consistió en la emisión de facturas por servicios no prestados y la canalización de recursos financieros por el sistema bancario con el fin de adquirir bienes y servicios en favor de los exgobernantes.

Imputados

Entre los sindicados de integrar la estructura de Lavadores se encuentran Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar, Daniel Estuardo Calderón Ángel, Juan Ábner Fonseca Galicia, Edín Raymundo Barrientos, Adolfo Peña Pérez, Judith del Rosario Ruiz Blau, Ismenia Beatriz del Val Herrera y Daniela de la Luz Beltranena, quien ayer se presentó de manera voluntaria al juzgado que lleva el caso para resolver su situación jurídica y ante una orden de captura girada en su contra.

También figuran Jonathan Harry Chévez, Julio César Aldana Franco, Samuel Aceituno Juárez, Mario Rodolfo Contreras Díaz, Mario René Cano Gutiérrez, Luis Fernando Montiel, Rafael Cetina Gutiérrez y Juan de Dios de la Cruz Rodríguez.

El MP los señala por cargos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y falsedad material.

El común denominador entre los sindicados, según la Fiscalía, es que todos eran personas de confianza tanto de Pérez Molina como de Baldetti, ya fuera porque se conocían de varios años o por referencia de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario de la Vicepresidencia y quien figura como colaborador eficaz.

Monzón Rojas y su contador, Víctor Hugo Hernández, procesado por el caso y quien ha tenido acercamientos con el MP para contribuir con la investigación, y Estuardo Salvador González Álvarez, alias Eco, colaborador eficaz en el caso La Línea, se encargaron de definir la estrategia para lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

Testaferros

Entre las evidencias con las que el órgano investigador cuenta se detallan por lo menos cien declaraciones de igual número de personas contratadas para figurar como socios o representantes legales del grupo de empresas vinculadas con el caso, algunas pertenecientes al Grupo Estrella y otras propiedad de Monzón Rojas. En las pesquisas se les define como testigos.

El fiscal Julio Barrios Prado indicó al juez Miguel Ángel Gálvez que fue frecuente escuchar a los testigos decir que habían acudido al Congreso en busca de trabajo y que muchos fueron atendidos por Ruiz Blau, exasistente de Baldetti cuando fue diputada, y que ella les hizo firmar contratos sin darles más detalles.

Su obligación era firmar cheques, labor por la que obtenían Q1 mil mensuales.

Contreras Díaz y Pellecer Siliézar, quien fue chofer de Baldetti en el Organismo Legislativo, también se encargaron de reclutar personas a las cuales se les asignaban funciones de testaferro.

Comisiones ilegales

El cobro y recaudación de sobornos entre contratistas fue otro medio por el cual la estructura obtuvo recursos financieros de carácter ilícito.

Se señaló a Calderón Ángel, dueño de Transportes Calderón, por el incremento en el transporte de fertilizante comprado por el Estado y el cobro a la empresa Mayafert.

La empresa del sindicado aumentó la tarifa entre Q1.25 y Q1.75 por costal de abono transportado, y ese servicio fue contratado por Mayafert. Se calcula que se recaudaron Q9.4 millones, de los cuales se entregaron a otros integrantes de la estructura Q5.9 millones.

Beltranena Campbell efectuó una tarea similar en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde habría recaudado Q7.5 millones entre contratistas que prestaban servicios en la terminal aérea.

Enviados a prisión

El exgerente general del Banco G&T Flavio Rodolfo Montenegro Castillo y Beltranena Campbell fueron enviados a la cárcel de la Brigada Militar Mariscal Zavala, zona 17, por orden de Gálvez.

Ambos se presentaron de manera voluntaria a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia a tempranas horas. Sus abogados defensores explicaron al juzgador que la intención de los sindicados era evitar que se ejecutara la orden de captura en su contra y solventar su situación jurídica.

Montenegro Castillo fue sindicado por financiamiento electoral ilícito, pues se presume que en el 2011 aportó de manera ilegal Q1.4 millones a la campaña del PP por medio de Monzón Rojas, quien recibió el dinero a nombre de Baldetti.