De acuerdo con analistas en seguridad, los grupos de vecinos organizados han proliferado en distintos municipios del país en los últimos años, en un contexto marcado por la percepción de inseguridad y la limitada capacidad de respuesta del Estado.

Los expertos coinciden en que este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la ausencia institucional, la presión del crimen organizado y la búsqueda de protección inmediata por parte de las comunidades.

Francisco Quezada, analista de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte que, desde el punto de vista legal, estos grupos no pueden asumir funciones propias del Estado.

Explica que la Constitución establece que la seguridad y la defensa son atribuciones del Ejecutivo, ejercidas a través de las fuerzas de seguridad.

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“Ningún grupo puede arrogarse atribuciones de seguridad ciudadana”, señala Quezada, al detallar que acciones como detener personas, requisar vehículos o impedir el paso constituyen funciones exclusivas de las autoridades.

Subraya que, aunque algunas de estas organizaciones surgen con fines preventivos —como patrullajes o vigilancia comunitaria—, el problema comienza cuando traspasan ese límite. Agregó que se incurre en la usurpación de funciones estatales e incluso en la comisión de delitos.

Además, advierte sobre un riesgo mayor: la posible cooptación de estos grupos de supuestos vecinos por estructuras criminales.

Según Quezada, ya existen antecedentes en los que organizaciones comunitarias que en un inicio buscaban control local terminaron facilitando actividades ilícitas, como el narcotráfico, mediante el resguardo de territorios.

“En el corto plazo pueden generar sensación de seguridad, pero después pueden convertirse en estructuras de control territorial sin regulación”, indica.

El doctor en criminología y analista independiente Federico Reyes coincide en que el fenómeno ha ido en aumento, especialmente en municipios del departamento de Guatemala.

Reyes señala que no solo se trata de la ausencia del Estado, sino también de factores como el incremento en el uso de armas, el consumo de drogas y la comisión de delitos como extorsiones, homicidios y trata de personas. Señaló que esto crea un ambiente de inseguridad que impulsa a los vecinos a organizarse.

Reyes advierte que esta dinámica también facilita que actores externos, incluidos grupos criminales, se infiltren en estas organizaciones locales.

Señala que, aunque instituciones como el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Policía Nacional Civil y el Ejército mantienen presencia en distintos territorios, esta no siempre es suficiente.

“No es una ausencia total, pero sí hay limitaciones en cobertura, planificación y respuesta”, afirma Reyes.

Añadió que se necesita fortalecer el análisis territorial del delito para mejorar las estrategias de seguridad.

Vecinos organizados ejercen control

Jorge Alvarado, general en situación de retiro y analista de Seguridad Ciudadana GT, considera que estos grupos, bajo la presión del entorno y la influencia de liderazgos negativos, pueden terminar tomando justicia por mano propia.

Alvarado señala que en San Pedro Sacatepéquez y Bárcenas, en Villa Nueva, Guatemala, grupos de encapuchados llegaron a ejercer control en las comunidades, pero también generaron temor.

“Muchas veces, lo que trataban de combatir, que era la percepción de inseguridad, ellos mismos la propagaban con sus actitudes”, afirma.

El analista señala que estas estructuras son altamente permeables a intereses externos, lo que incrementa el riesgo de que evolucionen hacia formas de violencia organizada.

“Esa línea es muy frágil y muy corta; pueden migrar fácilmente hacia situaciones de violencia, especialmente si están armados”, advierte.

Vecinos organizados surgen en el conflicto armado interno

Mario Mérida, ex viceministro de Gobernación, identifica el surgimiento de estos grupos tiene antecedentes históricos en el país, particularmente en las patrullas de autodefensa civil durante el conflicto armado interno.

Según Mérida, en ese contexto el Estado no lograba cubrir todo el territorio, lo que llevó a la organización de pobladores con apoyo militar.

“Es una continuidad de esa práctica, donde la población se organiza ante la falta de presencia estatal”, señala.

Mérida indica que este fenómeno puede evolucionar hacia formas más peligrosas, como grupos de ajusticiamiento o estructuras que controlan territorios y limitan la movilidad de los habitantes.

Se consultó a la Policía Nacional Civil sobre los municipios donde han detectado este tipo de organizaciones, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.