Romero Morales fue elegido de una lista de 10 aspirantes que estaban validados para la elección, siete personas más fueron excluidas; dos por fallecimiento, dos por haber sido electos y otros por renuncias o por estar ligados a proceso penal, como el magistrado separado Eddy Orellana Donis.
El abogado era presidente de la Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo y, según la CSJ, él debería ser juramentado por la CC.
Este es parte del equipo de la fiscal General, María Consuelo Porras
Los magistrados Patricia Valdés, Vitalina Orellana, Silvia Verónica García, María Eugenia Morales, Felipe Baquiax, Delia Dávila y José Antonio Pineda Barales fueron los que votaron a favor de Romero Morales. Los magistrados Nery Medina, Sergio Pineda, Ranulfo Rafael Rojas votaron en contra.
La ausencia de dos magistrados se debe a que Elizabeth García tiene quebrantos de salud y Blanca Stalling sigue en prisión preventiva.
La abogada Leticia Secaira Pinto, quien era asesora de Stalling, fue la segunda más votada con seis votos a favor y siete votos en contra.
Se mencionaba que Secaira Pinto sería elegida, pero algunos magistrados ya no le dieron su respaldo.
A pesar de que Romero Morales fue el tercero de la lista, fue hasta que terminaron de votar por los 10 candidatos que se oficializó su nombramiento.
Nueva fiscal general
María Consuelo Porras Argueta fue nombrada fiscal General por el presidente Jimmy Morales.
Porras Argueta asumió el cargo el pasado 17 de mayo en sustitución de Thelma Aldana y será para un periodo de cuatro años.
En su vida profesional destaca haber trabajado como magistrada de la Sala de Apelaciones, Supervisora de Tribunales, fiscal del Ministerio Público y en la jefatura de la Sección de Asuntos Constitucionales y Amparo, además de presentarse como candidata a fiscal en dos ocasiones anteriores, en 2009 y en 2014.
La nueva fiscal, que fue una de las mejores calificadas por la postuladora, es una de las más desconocidas de todos los que aspiraban al cargo, aunque su nombre figura en una investigación en la que se destapaban irregularidades y una red de tráfico de influencias en la elección de magistrados dentro del Organismo Judicial.
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