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“Existe una diferencia entre el abogado y el juez”, Roberto Molina Barreto explica su voto para anular la nómina de fiscal general
El magistrado constitucional Roberto Molina Barreto emitió su voto concurrente para anular la nómina de fiscal general; es decir, apoyó la decisión, pero con sus propias consideraciones.
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Comisionados revisan los expedientes de los candidatos a fiscal general. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Corte de Constitucionalidad (CC), decidió por una votación de dos a tres, que la nómina de candidatos a fiscal general que el pasado miércoles se entregó a la Presidencia, regrese a la comisión de postulación y que esa instancia debe repetir el proceso desde la fase de evaluación de expedientes.
Los magistrados titulares Julia Rivera, Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto apoyaron la resolución, aunque los tres razonaron su voto. Annabella Morfin y Astrid Lemus votaron en contra de la acción que presentó el abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo.
Molina Barreto compartió su voto razonado, en donde señala que, aunque está de acuerdo con la decisión de la CC, es necesario explicar los motivos por los que votó de esa forma. Expone que ser juez no cuenta como abogado para acumular la experiencia que se solicita para competir por el puesto de fiscal general.
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El magistrado insiste en que las funciones de abogado y juez no pueden tomarse como iguales porque “existe una diferencia entre el ejercicio de la abogacía (…) y la actividad jurisdiccional”, y explica que, a su criterio, los constituyentes regularon de manera separada cómo entenderlo, a efectos de que sí se tomara la experiencia de juez para competir por el cargo de magistrado de Apelaciones u otros órganos equivalentes, no así, para fiscal general.
Molina Barreto también aclara que la experiencia de la abogacía sí se puede homologar con un fiscal del Ministerio Público, ya que este último dirige la investigación penal, formula imputaciones, litiga ante tribunales y ejerce actividades que constituyen parte del ejercicio profesional de la abogacía.
No obstante, dice Molina Barreto en su voto concurrente, el juez ejerce la función jurisdiccional propiamente dicha, actividad que, si bien es ejercida por un graduado de una universidad como profesional del derecho, no puede ser subsumida dentro del concepto de ejercicio de abogacía para acumular los años de experiencia.
¿Contradicción?
Molina Barreto en su voto concurrente recuerda que la CC ya tocó el tema de la competencia de juez y abogado en el 2014 y en el 2022. Aclara que no hay contradicciones sino “una evolución” de los criterios interpretativos.
Según su análisis constitucional, en el precedente del 2014 se garantizó la igualdad, en el 2022 se precisa cuáles actividades satisfacen el requisito constitucional específico y ahora si se debe contar como experiencia profesional. Su conclusión es que todos los caminos profesionales valen lo mismo, pero no todos cuentan como requisito para acumular experiencia en casos puntuales, como la candidatura a fiscal general.
Reacción tardía
Molina Barreto también incluyó en su voto concurrente un reclamo a la propia CC por conocer tarde el recurso. Dice que se trató de “un retardo injustificado en la tramitación de la acción constitucional” y que conllevó a que la decisión se asumiera hasta ahora, cuando la comisión de postulación ya integró la nómina.
La solicitud de amparo llegó a la CC el 4 de marzo, según Molina Barreto, en “una etapa oportuna para inciden en la verificación de requisitos de los postulados”, sin embargo, el pleno no conoció sino hasta este jueves 23 de abril el tema “sin razón atendible”.
Aunque reconoce que el expediente se intentó conocer el 17 de marzo, con la entonces presidenta de la CC, Leyla Lemus, pero él, Dina Ochoa y Nester Vásquez se negaron por las similitudes que había con un criterio emitido por la Corte en el 2022. Fue hasta el 14 de abril pasado, que Ochoa, Rivera y Molina Barreto solicitaron a la nueva presidenta, Annabella Morfin, que se conociera el amparo.
ESCRITO POR:
Alex Fernando Rojas
Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.
