Las modificaciones fueron menores y de puntuación, que no cambiaron la calificación. Este martes, durante la continuación de la audiencia de apertura a debate, la representante del Ministerio Público (MP) inició con la explicación de la prueba.
Uno de los señalados fue Gustavo Alejos, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom Caballeros.
El señalamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se centró a que aportó Q1 millón en noviembre de 2011 a empresas “de fachada o de cartón” para financiar la campaña electoral del expresidente Otto Pérez Molina.
“Las empresas Adquisiciones Inversiones y Servicios, Tecnideportes y Multi Empresariales facturaron por los aportes por servicios que no fueron brindados y ocultaron al Tribunal Supremo Electoral que era financista del Partido Patriota”, se refirió la fiscal Rosales.
Audiencia
La apertura a debate comenzó el 7 de agosto pasado. Como la investigación tiene a 75 implicados, el juez separó el caso y avanzó solo con los procesados por financiamiento electoral ilícito.
Señalados
- Alberto Rafael de León Escobar
- Alvaro Mayorga Girón
- Julio Alejandro Quinto Tobar
- Ana Graciela López Gálvez
- Marco Antonio Recinos Sandoval
- Denis Leonel Linares Juárez
- Boris Alberto Linares Juárez
- Max Roberto Burgos Faillace
- Juan Luis Ortiz Álvarez
- Jack Irving Coen Coen
- Denis Benjamín González Zepeda
- Edna Maribel Berganza Colindres
- Gustavo Adolfo Alejos Cámbara
- Boris Orlando Navas Aguilar
- Adolfo Fernando Peña Pérez
- Eduardo Cristian Kestler Morán
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El caso
La Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron el caso el 2 de junio del 2016.
Las pesquisas se derivan de la información incautada con el caso La Línea, un año antes, en el cual ya esperan debate el expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Según la investigación adelantada, derivado del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del 2011, que llevó a la presidencia a Pérez Molina.
Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del 2007, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala.
En el caso del financiamiento electoral no registrado, a la estructura criminal del PP se Ie facilitó hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo, según el MP y la Cicig.
Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de los casos se trataba de empresas de cartón.
Respecto a los pagos vía constructoras, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repitió constantemente.
Uno de los señalados por el @MPguatemala es el empresario farmacéutico Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, quien aportó Q1 millón en 2011 a entidades de cartón o pantalla para financiar a la cancelada agrupación política Partido Patriota. pic.twitter.com/zY5iZrGQWw
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 13, 2019
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