Justicia

Fiscal General pide uso de fuerza pública ante manifestaciones, señala a usuarios que la han criticado y solicita medidas cautelares ante CIDH

Consuelo Porras presentó un amparo contra tres funcionarios de Gobierno para que garanticen la independencia del MP ante críticas en redes sociales de ciudadanos y algunos periodistas. La CC acepta para su trámite el expediente y solicita informes.

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La fiscal general de la República presentó un amparo ante la CC contra el presidente Alejandro Giammattei y otros dos funcionarios de Gobierno. Buscar que protejan la independencia de esa institución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La fiscal general de la República presentó un amparo ante la CC contra el presidente Alejandro Giammattei y otros dos funcionarios de Gobierno. Buscar que protejan la independencia de esa institución. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, presentó la noche del 24 de agosto un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra el presidente, Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López para que preserven su seguridad y hagan valer la autonomía en independencia de esa institución.

Luego de un pleno extraordinario, la noche de este viernes 25 de agosto, la CC aceptó para su trámite el expediente que contiene el amparo interpuesto por Porras y solicitó los informes correspondientes para volver a sesionar el lunes próximo, según fuentes del máximo tribunal.

La acción judicial busca que los funcionarios aludidos “adopten las medidas preventivas para resguardar la independencia del MP, que se ha visto “vulnerada por el uso de distintas redes sociales utilizadas por las personas que se identifican con usuarios de la red social Twitter ahora denominada X, y otras redes sociales”. 

En el amparo que presentó ante la CC la fiscal general señala a cuentas identificadas como Bernardo Silva, Vicente Carrera, Virginia Estrada, Sergio Yoel Morataya, Gerardo Guerra, Juan Francisco y Samuel Bernardo.

A ellos los señala porque han “pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y por ende transgredir la autonomía e independencia del MP, a través de actos que conllevan desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal, con el ánimo de deponer a funcionarios públicos legalmente nombrados, al motivar la renuncia de funcionaros del MP sin que exista asidero legal que las fundamente”.

En el amparo, que tuvo la asistencia técnica de la abogada Ingrid Betzabé Echeverría Permouth y consta de 90 folios, la fiscal general coloca las publicaciones de las cuentas que señala, y en las que algunas se lee “renuncien ya”, “plantón frente al MP”, y otras demandas de protesta ciudadana. 

En el documento se señala que “las entidades de derecho público y las personas identificadas en las redes sociales han estado organizando y convocando públicamente con el objeto de promover lo que llaman una encerrona de los Altos Mandos (designación que utilizan en la red social) para el viernes 25 de agosto de 2023, rodeando el edificio central del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la capital”

La fiscal general agrega que la idea es bloquear “las entradas y salidas para impedir el acceso y egreso al mismo hasta lograr su cometido como lo es de obligar a renunciar o presentar su renuncia a las personas que señalan como altos mandos: Fiscal General de la República María Consuelo Porras Argueta, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad José Rafael Curruchiche Cucul y la Agente Fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez”. 

En la acción planteada la jefe del MP recuerda que “en anteriores ocasiones, con motivo de derecho de manifestación pública, personas particulares y miembros de asociaciones y partidos políticos han lanzado piedras al edificio del MP, han venido a quemar el monumento de las 340 agencias fiscales en municipios y han destruido objetos de propiedad privada y pública, lo que conlleva el riesgo que el 25 de agosto, con motivo de la manifestación que convocan realicen dichos actos”.

Es por eso que le ha pedido a la CC a que conmine a las autoridades demandadas para que acciones si en dado caso hay alteración del orden público. 

Porras pide que también se le ordene al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que solicite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares en favor de ella, Curruchiche y Monterroso.

El amparo que planteó la fiscal general continúa su trámite en la Corte. 

La unidad de información y prensa del MP confirmó que presentaron un amparo ante la CC para que se adopten las medidas preventivas “para garantizar el cumplimiento de la función constitucional que le compete en su deber de ejercer la acción penal pública de conformidad con lo establecido en el artículo 251 de la Constitución, ante cualquier acto que conlleve desorden público, violación a los derechos constitucionales, obstrucción a la justicia y a la persecución penal”.