PDH anuncia acción legal en contra de decisión de Gobierno de restringir acceso a Archivo de la Policía Nacional

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, advirtió que ante la decisión del Ministerio de Cultura y Deportes de restringir el ingreso público al Archivo Histórico de  la Policía Nacional interpondrá una demanda en contra de esta decisión porque representa un retroceso.

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El acervo del Archivo Histórico de la Policía Nacional asciende a aproximadamente 60 millones de folios de documentos. (Foto: Hemeroteca PL)
El acervo del Archivo Histórico de la Policía Nacional asciende a aproximadamente 60 millones de folios de documentos. (Foto: Hemeroteca PL)

Rodas adelantó que interpondrá esta acción ante el Ministerio Público por la naturaleza del Archivo. “Como PDH no me quedaré con los brazos cruzados”, afirmó.

Rodas comentó que no se le puede limitar el acceso a las personas interesadas en conocer el contenido de este archivo, porque es de acceso público y no debe tener restricciones, tal como venía operando desde hace 14 años cuando fue abierto.

El PDH aseguró que esta decisión es un retroceso  y que la misma raya con la ilegalidad.

A este sitio podían ingresar libremente periodistas, investigadores, familiares de víctimas de la guerra; sin embargo, a partir de este lunes este acervo pasó a ser administrado por el Ministerio de Cultura y solamente se podrá adquirir información por medio de Unidad de Acceso a la Información Pública.

 

Es correcta la decisión del PDH

El abogado Elvyn Díaz, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) expresó su complacencia por la medida anunciada por Rodas, porque desde hace algún tiempo esa institución ya había tomado una postura respecto al tema y hay acciones constitucionales en trámite, pendientes de resolver.

Asimismo criticó el anunció del Gobierno en cuanto a cerrar el Archivo de la PN, porque considera que con esta decisión, al igual que otras que ha tomado, busca obstaculizar cualquier esfuerzo que pretenda luchar contra la corrupción y la impunidad, pero en este caso “es contra la impunidad por los delitos cometidos durante el conflicto, en el marco de la justicia transicional”.

“Existe toda una estrategia y en este momento es más cuestionable, porque se están diluyendo acciones constitucionales presentadas por el PDH respecto a este tema, por lo que lo más prudente debió haber sido esperar que se resolvieran estas acciones constitucionales para tomar una decisión o acatar lo que resolviera la Corte de Constitucionalidad (CC).

El investigador del ICCPG dijo que estos hechos evidencian las intenciones de este Gobierno que busca evitar que las personas puedan acceder a informacion que constitucionalmente es pública y que, si anteriormente no lo había hecho, fue porque los convenios que existían con el Programa de las Naciones Unidas, quien lo financiaba.

Debe ser de conocimieto público

José González, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch de Guatemala, dijo que esta decisión es inadmisible porque  los documentos que ahí se resguardan ya fueron declarados como públicos por parte del Estado, “por lo que es una acción contradictoria que genera mala impresión en cuanto a su intencionalidad real”.

Según González, el problema sustancial es que dentro de esos documentos hay fondos documentales que ya están trabajados y otros que no han sido procesados para que estén “archivísticamente disponibles”, lo cual significa que dentro de esta documentación hay información de la PN que deben ser sistematizadas y puesta en conocimiento público”.

González recordó que Guatemala ha tenido problemas en cuanto a la investigación de graves violaciones a derechos humanos, lo cual determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al cumplimiento de las 14 sentencias que ha emitido. “(La Corte) estableció que la falta de acceso a la información sobre este tipo de cuestiones es un obstáculo estructural para la investigación de este tipo de problemas”, afirmó.

“Nosotros las víctimas”

Julio Solórzano Foppa, director del Memorial para la Concordia, considera que el valor del Archivo de la PN radica en que es un patrimonio documental de Guatemala que guarda 115 años de la  historia del país, pero en particular de la época del conflicto armado interno.

Asimismo, considera que no tiene sentido un archivo que no es accesible a las instituciones y a las personas que lo requieran. Explica que los mayores usuarios son el Ministerio Publico, la PDH y los familiares de víctimas del conflicto armando, dentro de quiens se incluye él, pues es hijo de Alaíde Foppa, desaparecida en 1980, y hermano de Mario y Juan Carlos Solórzano Foppa,  quienes también murieron durante el conflicto interno.

“Soy uno de los  miles de familiares que hemos consultado estos documentos para saber qué paso con nuestros seres queridos. Además, lo usan los académicos, los periodistas e investigadores para diversos fines. Es el Archivo más importante de su tipo en América Latina”.

“Poner orden”

El ministro de esa cartera, Elder Suchité, aseguró que con esta medida lo que buscan es “poner orden” porque anteriormente “cualquiera entraba a tomar fotos y agarraba los documentos y los escaneaba. Eso no se puede seguir haciendo, al menos durante mi administración”, enfatizó.

Esta decisión, clave en la búsqueda de justicia y recuperación de la memoria, también incluye a las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional y otras instituciones nacionales e  internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, Suchite afirmó que cualquiera que necesite información de ese acervo debe solicitarlo a través de lo que cita la Ley de Libre Acceso a la Información porque “obviamente tenemos que tomar algunas medidas que tienen que ser comprensibles”.

Suchité justificó la medida porque “asumimos la responsabilidad como Estado de hacernos cargo de esa Unidad, para eso emitimos un acuerdo, y nos estamos haciendo cargo del pago de los empleados.

Anteriormente el Archivo estuvo bajo la administración financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y cualquier persona podía consultar la documentación desde la propia sede del archivo de la extinta Policía Nacional (1881-1997) en computadores con acceso directo a los servidores, bajo la supervisión y capacitación del personal.

Ahora, para poder acceder a los más de 24 millones de documentos que han sido digitalizados por el Archivo Histórico, en su mayoría información correspondiente a la década más cruenta del conflicto armado (1975-1985), habrá que ceñirse a la solicitud formal.

Más allá de la posibilidad de proteger información o dejarla pública como ha sido desde hace 14 años, el ministro mencionó que se siente “muy satisfecho de todo lo que han logrado” en este acervo de la extinta Policía, que tiene un presupuesto para finalizar el año de Q1,6 millones y en el que permanecerán 28 de los 37 trabajadores que quedaban -de los 200 que llegó a tener en algún momento-.

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