En un comunicado, dicha organización internacional menciona que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y que el Legislativo “intentó desvirtuar” leyes que aplican la Cicig y el MP para juzgar casos de corrupción y abuso de poder. La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó ambos intentos.

El informe detalla cómo el sistema judicial intenta hacer su parte también para detener los avances contra la corrupción e impunidad.

Human Rights Watch analizó “exhaustivamente” los expedientes y procesos penales en ocho casos de alto perfil, y entrevistó a decenas de jueces, fiscales, abogados e investigadores de la Cicig.

El documento resalta que, si bien el derecho guatemalteco permite el uso de amparos y recusaciones, estos recursos se utilizan “injustificadamente” para retrasar procesos, y muchos casos de alto impacto no han llegado a juicio por esa razón.

Incumplen la ley

Además, señalan que los jueces y otros funcionarios judiciales, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, se tardan demasiado en fijar audiencias o resolver recursos.

Wilkinson afirmó que el peligro con el tiempo radica en que el período de la fiscal general Thelma Aldana concluye en mayo de 2018, y el mandato de la Cicig, si Morales no pide su prórroga, en septiembre de 2019.

“Es un gran riesgo porque si los casos ya no tienen seguimiento del personal de la Cicig y los fiscales de ahora, que conocen lo qué pasó, podrían terminar en la impunidad”, advirtió.

De esa cuenta, HRW recomienda a la CSJ y la CC que “ellos mismos” cumplan con los plazos establecidos en la ley.

“Y dos, que cumplan con su responsabilidad de usar las herramientas que tienen a su disposición y su autoridad para asegurar que todos los demás jueces y funcionarios del poder judicial aseguren que los procesos avancen de una forma expedita y racional”, añadió Wilkinson.

Cómo jueces y abogados entorpecen los procedimientos penales

Estos son ejemplos de casos en los que se han visto prácticas dilatorias para retardar procesos, de acuerdo a HRW.

Militares Corruptos

• En 2001, ocho exmilitares habrían sustraído más de Q470 millones del ministerio de la Defensa, según la Cicig y el MP. La fiscalía sostiene que ellos trabajaban en la Dirección de Finanzas de esa cartera, introdujeron modificaciones para aumentar artificialmente el presupuesto del ministerio y retiraron este dinero extra en efectivo. Se les acusa de haber ocultado las pruebas, clasificando los documentos que autorizaban los retiros como “secretos militares”.
• Los presuntos implicados fueron detenidos en marzo y abril de 2009, pero el caso todavía no se ha elevado a juicio.
• Los intentos de la defensa por separar a la Cicig del caso, alegando que la cuestión no se encuadraba dentro del mandato de la Cicig, estancaron los procedimientos durante cerca de dos años.
• En 2013, el juez que inicialmente estuvo a cargo de los procedimientos antes del juicio determinó no elevar el caso a juicio, una decisión que fue más tarde revocada y duramente criticada por la CSJ.
• Después de que el juez de primera instancia desestimara el caso en septiembre de 2013, el MP y la Cicig apelaron la decisión ante un tribunal de alzada, que denegó el recurso y para ello demoró seis meses, hasta abril de 2014.
• La fiscalía luego apeló este fallo ante la CSJ, que revocó el auto de sobreseimiento, para lo cual demoró otros seis meses.
• La CSJ ordenó luego a la Corte de Apelaciones que se pronunciara nuevamente, pero ese tribunal esperó cuatro meses para hacerlo, y luego otro mes más para ordenar al juez de primera instancia que diera cumplimiento a esa decisión.
• Entretanto, en marzo de 2015, varios acusados habían interpuesto acciones de amparo contra la decisión revisada de la Corte de Apelaciones que ordenaba al juez de primera instancia abrir el caso a juicio.
• Siete meses más tarde, en octubre de 2015, la CSJ se pronunció a favor de los acusados.
• La Cicig apeló con éxito esa decisión ante la CC, la cual demoró otro año y medio, hasta mayo de 2017, para llegar a esa decisión.
• Actualmente está prevista la reapertura del caso.

Blanco Lapola

• En 2012, el MP y la Cicig presentaron cargos contra Marlene Blanco Lapola, exdirectora de la PNC y exviceministra de Gobernación, por supuesta participación en la creación de organizaciones criminales dentro de la Policía y el ministerio, y por presuntamente haber ordenado la ejecución extrajudicial de tres personas. Más de cinco años después todavía no se ha abierto el caso a juicio.
• La defensa de Blanco Lapola intentó apartar al juez en cinco oportunidades diferentes, empleando una y otra vez los mismos argumentos que el tribunal había rechazado antes.
• Si bien las cinco solicitudes fueron desestimadas, los tribunales de alzada tardaron meses en hacerlo, a pesar de que la ley exige que estas decisiones se tomen en el término de cinco días.
• Por ejemplo, la primera solicitud de recusación provocó una demora de 10 meses, pues el tribunal programó la audiencia de etapa intermedia para el 3 de febrero de 2013.
• Sin embargo, los abogados de Blanco Lapola no se presentaron ese día, y el tribunal reprogramó la audiencia para tres semanas después.
• Después de varias otras acciones que involucraron a la Corte Suprema de Justicia, Blanco Lapola apeló un fallo en la Corte de Constitucionalidad, la cual demoró casi 22 meses para denegar la apelación.
• Recién se fijó audiencia para el 10 de julio de 2017, en la que se determinaría si el caso iría el juicio, pero el abogado defensor de Blanco Lapola, Francisco García Gudiel, no se presentó ante el tribunal, lo que generó otra demora de por lo menos tres meses.
• La nueva audiencia, fijada para el 7 de agosto de 2017, tuvo que posponerse tres veces.
• El juez había programado la audiencia para el 13 de noviembre.

La Línea:

• En abril de 2015, se encontraron pruebas que indicaban que una red criminal había cometido fraude contra el Estado, cobrando sobornos a los importadores en lugar de exigirles el pago de derechos aduaneros. Treinta personas han sido acusadas en el caso, incluyendo los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El 27 de octubre, 28 personas fueron enviadas a juicio.
• Muchos de los presuntos implicados fueron detenidos el 16 de abril del 2015.
• Las investigaciones del caso La Línea permitieron descubrir otros hechos de corrupción en el sector construcción, en una nueva terminal para contenedores en Puerto Quetzal, pruebas del financiamiento electoral ilícito del PP, y señalamientos de que exministros compraron obsequios a Pérez Molina y Baldetti.
• El caso ha estado plagado por retrasos que son el resultado de las tácticas del equipo de defensa, y largas demoras por parte del juzgado para programar nuevas audiencias.
• Originalmente la audiencia de etapa intermedia estaba programada para principios de agosto de 2015, pero luego fue reprogramada tres veces -la primera vez, debido a la enfermedad de un fiscal, luego por la enfermedad del abogado de uno de los acusados, y después, por una apelación que aún no se había resuelto-.
• A finales de marzo, uno de los acusados presentó un recurso para apartar a la PGN como querellante adhesivo en el caso.
• Mientras se valoraba esa petición, la audiencia de etapa intermedia se suspendió por otro mes y medio. Después de su resolución, en abril de 2016, el juzgado volvió a reprogramar la audiencia para octubre del mismo año, y eso produjo otra demora de seis meses.
• El día en que se iba a celebrar la audiencia, los abogados de Pérez Molina no se presentaron al tribunal, por lo que la audiencia se reprogramó para fines de enero del 2017.
• El día de la audiencia, los abogados de Baldetti informaron al juez que la acusada debía comparecer en una audiencia de otro caso ese día, y la audiencia se postergó otra semana.
• Después, la defensa de Pérez Molina recusó al juez Gálvez por varios motivos.
• En el camino, una Corte de Apelaciones ordenó celebrar otra audiencia para evaluar si debían modificarse las imputaciones contra Pérez Molina.
• Una nueva recusación contra Gálvez fue rechazada, pero esa decisión llevó dos meses, y Gálvez programó para julio la siguiente audiencia. Al final, fue hasta el 27 de octubre que se concretó la audiencia y se decidió que 28 enfrentarán juicio, pero no se ha programado fecha.

Bufete de la Impunidad:

• Cuando se llevaban las primeras detenciones en el caso La Línea, el 16 de abril de 2015, uno de los supuestos líderes de esa red criminal, Javier Ortiz Arriaga, llamó a Luis Mendizábal, desde cuya empres operaba, presuntamente, dicha red.  Durante la llamada, Ortíz indicó a Mendizábal el nombre de la jueza que había firmado su orden de detención, se trataba de Marta Sierra de Stalling. Mendizábal habría respondido a Ortiz que ya hacía las gestiones con su abogado, quien “tenía toda la conexión” para asegurarse de que la jueza Sierra de Stalling no dictara la prisión preventiva de Ortiz y otros dos presuntos cómplices. Tenían la intención de usar un bufete como intermediario.
• El 21 de abril, la jueza Sierra dictó arresto domiciliario a Ortiz y a dos presuntos jefes de la red delictiva.
• Uno de ellos, Estuardo González, se convirtió en colaborador eficaz y confirmó que habían sobornado a la jueza Sierra de Stalling con la colaboración del bufete recomendado por Mendizábal.
• El inicio de la audiencia de etapa intermedia, en que se determinaría si el caso se elevaría a juicio, demoró más de dos años, hasta el 3 de agosto de 2017.
• Esta demora se debe a cinco peticiones de recusación y la repetida reprogramación de audiencias.
• Menos de dos semanas antes de la fecha para la cual estaba programado el inicio de a audiencia de etapa intermedia, el 15 de enero de 2016, Sierra de Stalling cambió de abogado.
• En medio de varias recusaciones, la fiscal general pidió a la CSJ que transfiriera el caso del juzgado ordinario de instrucción a un juzgado de Mayor Riesgo.
• Tomar esta determinación debería ser un proceso rápido: la ley exige que la Cámara Penal de la Corte Suprema celebre una única audiencia y luego decida inmediatamente si se admitirá el pedido o no, pero la celebración de esta audiencia se demoró más de un año.
• La Cámara Penal rechazó la solicitud y el caso siguió a cargo del juzgado ordinario.
• El 16 de agosto de 2017, el juez decidió no elevar el caso a juicio y determinó que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes para demostrar la participación de los acusados en presuntos delitos.
• La Cicig y el MP presentaron una apelación contra la decisión del juez, la cual está pendiente de resolver.

Plazas Fantasma:

• En junio de 2015, el MP y la Cicig anunciaron que impulsaban cargos de corrupción contra el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, quien, según los fiscales, había dirigido una trama que consistía en que su despacho creara plazas “fantasma” para que él pudiera quedarse con el dinero de los salarios de las personas que supuestamente ocupaban esos cargos. Entre junio de 2013 y junio de 2015, la oficina de Muadi aparentemente mantenía en la nómina del Congreso a 30 personas que nunca habían llevado a cabo ninguna tarea para esa institución o que ya recibían un sueldo de otra empresa.
• El proceso contra Muadi y estas 30 personas ha quedado estancado en la etapa previa al juicio, debido, en gran medida, a dudosas demandas interpuestas por la defensa y a la posterior demora en su resolución.
• La primera petición de recusación contra el juez José Eduardo Cojulún estancó el caso por un año y dos meses.
• La audiencia de etapa intermedia se reprogramó para el mes de marzo de 2017, pero pocos días antes de que finalmente fuera celebrada, el abogado de Muadi presentó una nueva petición de recusación del juez.
• El tribunal de apelaciones debería haberse pronunciado en el término de cinco días, pero la cuestión recién se resolvió dos meses más tarde, cuando el nuevo abogado de Muadi retiró el pedido.
• Luego, al tribunal de alzada le llevó más de un mes notificar al juzgado de primera instancia, aunque esto debería haberse hecho dentro de los cinco días.
• La audiencia de etapa intermedia comenzó el 25 de julio de 2017. El 1 de agosto, el juez elevó a juicio el caso contra Muadi y los otros 30 presuntos implicados.
• No obstante, el 18 de agosto, un acusado presentó otro pedido de recusación contra el juez Cojulún, porque consideraba que el juez no había requerido, de manera suficiente, que el MP fundamentara las acusaciones en su contra.
• La audiencia para considerar esta petición fue programada para el 13 de noviembre.

Genocidio:

• En 1999, la comisión de la verdad de Guatemala concluyó que el Ejército de Guatemala había perpetrado cientos de masacres y “actos de genocidio” durante la dictadura del General Efraín Ríos Montt. quien fue detenido en el 2012, un año antes había sido aprehendido Mauricio Rodríguez Sánchez, quien había sido jefe de inteligencia militar cuando se produjeron dichos asesinatos. El caso fue a juicio en marzo de 2013. Siete semanas después, Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años de cárcel, y Rodríguez Sánchez fue absuelto.
• La CC anuló el juicio 10 días después del fallo y dispuso que debía realizarse un nuevo juicio. En octubre de 2017, el juicio aún no se ha finalizado.
• El juicio de 2013 estuvo marcado desde el comienzo por las tácticas dilatorias de la defensa. El primer día, los abogados que habían representado a Ríos Montt durante todo el proceso no se presentaron ante el tribunal.
• La representación del abogado García Gudiel, su posterior separación y otra restitución, retrasó el juicio por semanas.
• Han pasado más de cuatro años desde que la CC ordenó un nuevo juicio en el 2013, pero los procedimientos han sufrido demoras y estancamientos en forma reiterada.
• El 4 de junio de 2013, se designó un nuevo tribunal para conocer el caso, pero éste demoró hasta el 30 de octubre de 2013 para fijar un juicio el 5 de enero de 2015, un año y medio después de que el asunto le fuera asignado.
• Cuando el juicio comenzó en enero de 2015, Ríos Montt no compareció, pero el tribunal amenazó con aplicar sanciones si no comparecía, por lo que llegó en el lapso de una hora.
• La defensa pidió recusar a la jueza Jeannette Valdés, alegando que la tesis académica que había presentado en el año 2004 sobre el delito de genocidio mostraba su prejuzgamiento sobre la culpabilidad de Ríos Montt.
• Se designó un nuevo juez y se fijó la reanudación del juicio para julio de 2015, sin embargo, ese día, la defensa alegó que la salud mental de Ríos Montt era tan precaria que no podría soportar el proceso. El tribunal ordenó que se practicara una evaluación psiquiátrica.
• El 18 de agosto, el tribunal decidió que el juicio podría seguir, pero que se aplicaría procedimiento especial en el cual la corte no se pronunciaría sobre su culpabilidad ni podría aplicar una pena de prisión, por el deterioro de la salud mental.
• La fiscalía apeló esta decisión, pero el tribunal rechazó su apelación una semana más tarde, y fijó una nueva fecha de audiencia para enero de 2016.
• En septiembre, la fiscalía presentó un amparo contra esa decisión.
• La fecha de juicio de enero de 2016 fue suspendida porque el amparo estaba en trámite, pero se reanudó el 16 de marzo de 2016.
• El 6 de mayo del 2016, la Corte de Apelaciones finalmente se pronunció sobre el amparo planteado por la fiscalía y separó los casos contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Este apeló la decisión y la CC dispuso separar los casos el 18 de mayo de 2017, un año más tarde, en lugar del plazo máximo de 31 días que establece la ley.
• En octubre de 2016, luego de cinco meses, se reanudaron las audiencias. Ríos Montt y Rodríguez Sánchez siguen bajo arresto domiciliario.

El informe también detalla tácticas similares utilizadas durante los casos de Myrna Mack y Dos Erres.

* Fuente: Informe Carrera Contra el Tiempo. Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, de Human Rights Watch.