La Sala dio al juez plazo de cinco días para que celebre una audiencia y emita una nueva resolución, en la cual se explique detalladamente por qué la magistrada debe permanecer en prisión.
El plazo comienza a contar un día después de que todas las personas que forman parte del proceso hayan sido notificadas y si no se presenta ninguna acción o recurso legal que impida su vigencia.
Hechos
Stalling fue capturada el 8 de febrero pasado, señalada de tráfico de influencias. Las pesquisas preliminares indican que habría llamado al juez Carlos Ruano para que acudiera a su despacho en el Palacio de Justicia, y allí le habló del caso IGSS-Pisa y de una solicitud de algunos procesados para recuperar su libertad.
Entre los sindicados que buscaban ese beneficio se encontraba Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada.
El juez denunció a la magistrada en el Ministerio Público, que junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pidió a la CSJ retirarle la inmunidad a la magistrada para que sea investigada.
Otro caso
Stalling también es vinculada con una investigación por resistencia al arresto, pues supuestamente habría amenazado con balear a los agentes captores.
Ese caso también es conocido por Rodríguez, y la funcionaria planteó una acción legal con la cual pretende que el juez sea separado del proceso.
Fundamenta su petición en la amistad que Rodríguez sostiene con uno de sus abogados y manifiesta que busca evitar señalamientos que puedan indicar que se le otorga un beneficio por ese extremo.
Por ahora el juez está impedido para tramitar cualquier solicitud que no sea de urgencia en el caso por resistencia al arresto, mientras la Sala Tercera Penal, que conoce las impugnaciones a fallos del Juzgado, resuelve si lo separa del caso.
