La acción penal fue planteada por Jorge Luis Donado, titular de la PGN, el 26 de diciembre último, contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Francisco de Mata, Boanerge Mejía y Gloria Porras.
Donado los señala de prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad.
La Cámara de Amparos y Antejuicios deberá incluir en la agenda del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la revisión de la querella de Donado. Se prevé que se conozca la próxima semana.
La Cámara está integrada por los magistrados Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Vitalina Orellana y Orellana, Silvia Verónica García Molina y Nester Mauricio Vásquez Pimentel.
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Una fuente cercana al proceso confirmó que la denuncia será analizada y revisada durante el pleno habitual. Después los magistrados votarán si es viable remitirla al Congreso, como lo ordena la Ley en Materia de Antejuicio o la rechazan por ser considerara espuria o política, lo cual constituye el primer filtro en este proceso.
La denuncia
Evaristo Martínez Farfán, de la Dirección Penal de la PGN, planteó la denuncia con el argumento de que “coartan facultades constitucionales otorgadas directamente al Presidente de la República, o bien vulneran principios fundamentales tales como el de legalidad, derecho de defensa y debido proceso”.
Las resoluciones en discordia se centran a haber otorgado un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien tiene un impedimento de retornar al país por disposición del presidente Jimmy Morales.
La semana pasada, En una carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) a la Cicig se informó que los investigadores de esa Comisión se deberán presentar a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático de ese ministerio con relación al tema de sus solicitudes de visas de cortesía.
La acción del Minex obedece a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que manda a extender los documentos a los trabajadores extranjeros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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