En septiembre de 2021 las autoridades indígenas de Sololá azotaron a dos colombianos que se supone son prestamistas. Esa vez los golpearon, pidieron resarcir a la supuesta víctima y los expulsaron de la localidad.
En febrero de 2022, en Mazatenango, Suchitepéquez, fueron asesinados dos colombianos y un mes más tarde ocurrió lo mismo en Barberena, Santa Rosa con otras dos personas de aquella nación. En ambos casos la población los vinculó con los prestamistas.
Marlon Muñoz Cardona, de 21 años, y Adrián Ortega, de 24, colombianos, fueron detenidos en el barrio El Centro, Sayaxché, Petén, sindicados de intentar sobornar a agentes de la PNC en marzo de 2022. Los sujetos viajaban en una motocicleta y fueron detenidos cuando circulaban en ese lugar.
Los colombianos manifestaron que se dedican a prestarle dinero a los dueños de negocios de esa localidad y se les encontró libretas para apuntes y Q2 mil 305 dentro de una bolsa negra.
Al solicitarles los documentos correspondientes que los ampara como prestamistas, aseveraron carecer de los mismos, por lo que los agentes iban a proceder con la detención, pero éstos les ofrecieron Q500 a los uniformados para evitar el arresto.
El pasado 22 de junio entre Chinautla y la Ciudad de Guatemala, elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la PNC, aprehendieron a Brayan García Sánchez, de 25 años, y a Dany Almario Ceballos, de 39.
Estos dos sujetos, según el informe, “ingresaron en forma irregular al país y laboraban como cobradores de un grupo que hace los préstamos.
Ayer en Sololá “prestamistas” colombianos fueron retenidos señalados de amenazar a un comerciante quien les debe dinero, los colombianos fueron azotados.
¿Que reacción habrá ahora por parte de ellos hacia quienes los azotaron? Tampoco creó idónea la forma en q fueron”juzgados” pic.twitter.com/bF5vZNHn5Q— Stu Velasco (@StuVelascoC) September 24, 2021
La PNC y el MP persiguen a por lo menos cinco estructuras que operan entre Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Izabal y Petén. No revelaron más detalles porque las pesquisas están en reserva.
Propuesta legislativa
Guatemala, como otros países latinoamericanos, se enfrenta al problema y pone a las autoridades en una encrucijada porque no hay herramientas legales para castigarlos.
En febrero de 2020 el diputado por Retalhuleu, Esteban Barrios, presentó la iniciativa 5743, ley contra la usura y negociaciones usurarias (préstamos particulares) cuyo objetivo es regular esta actividad.
La propuesta, según el legislador, se enfoca “en aquellos préstamos que por falta de garantía, y por carecer de políticas, las personas buscan obtener por necesidad y acuden a personas particulares que otorgan el dinero, pero cobran intereses altos y les coaccionan o amenazan si no pagan”.
Capturan a supuestos prestamistas colombianos https://t.co/3gK1N4LOGy
— MinGob (@mingobguate) February 10, 2022
El problema de estos empréstitos es que ofrecen el dinero de inmediato, le fijan el interés entre 10 y 40 por ciento, y deben pagar diario hasta cancelarlo. Si no cumplen, además de que la deuda crece, estos sujetos recurren al hostigamiento, las amenazas y la violencia.
Barrios propuso que el control para contrarrestar esto las ejerza el Ministerio Público (MP). La propuesta considera que “quienes prestan el dinero no están amparados por el Código Civil para realizar actividades de intermediación financiera y, además, no cumplen con las disposiciones jurídicas contempladas en la Ley de Bancos y grupos financieros, por lo que se podría encuadrar en ilícitos penales tipificados en el código respectivo”.
Señalan a los prestamistas, además, de “cometer ilegalidades con las personas que les requieren e incurren en hechos ilegales de tipo penal como la usura o negociaciones usurarias, pues cobran intereses más altos que las instituciones reguladas”.
La iniciativa busca “terminar con el proceso de violencia, presión y amenazas en contra de quienes no pueden pagar por alguna razón”.
El origen
Francisco Rivas, experto en temas de narcotráfico y exministro de Gobernación, explicó que esta actividad se desarrolló en Bogotá, Colombia en 1990, y se expandió por las ciudades colombianas más importantes y luego se trasladó a otros países sudamericanos y centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Por las investigaciones que se desarrollaron en Colombia, las que se hicieron en forma conjunta, y las que se efectuaron en el país, le podría decir que el dinero que prestan es del narcotráfico”, expuso Rivas.
El diputado de la Bancada Valor, Esteban Ruben Barrios presentó ante Dirección Legislativa la #Iniciativa5743, con la cual pretende evitar que los prestamistas o usureros coaccionen durante la emergencia a personas a quienes han facilitado dinero y paguen de inmediato. pic.twitter.com/HZSe0iobat
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) March 26, 2020
“Es dinero que las organizaciones criminales necesitan poner en circulación, porque es muy incómodo tenerlo, que no circule y y no poder depositarlo en instituciones bancarias legales. Entonces idearon esta modalidad de préstamos en pequeñas cantidades, pero a muchos beneficiarios”, agrega.
“Los grupos no usan el sistema bancario y por eso ha costado, tanto en Colombia como en Guatemala, poder imputarles el delito de lavado de dinero”, relata.
“Esta situación les genera ganancias porque son préstamos en pequeñas cantidades, pero con altos intereses y eso, en algunos casos, ahoga a las personas que los prestan porque se les hace imposible pagarlo, y por eso vienen las repercusiones de esos grupos”, argumenta.
“Fueron colombianos los que incursionaron en Guatemala. Se posicionaron en varias áreas y desarrollaron la actividad, especialmente en la economía informal, en mercados, con pequeños comerciantes”, relata.
Estas estructuras del crimen organizado irrumpieron en el país hace por lo menos 10 años, recuerda Rivas. “ Antes de esto experimentaron con loterías y rifas en los mismos mercados, pero las autoridades detectaron la operación y cambiaron”.
#Colombia Según las autoridades de Guatemala los colombianos son prestamistas.https://t.co/rFGSpPN9T3
— El Universal (@ElUniversalCtg) February 21, 2020
“Al principio se desconocía mucho sobre esto. Se confundía con extorsionistas. Los propios comerciantes que adquirían los préstamos desconocían el origen y la verdadera identidad de las personas, pero conforme avanzaron las investigaciones se estableció que eran en su mayoría colombianos”, indica.
“A estas alturas ya los colombianos son los que dirigen, coordinan y son guatemaltecos los que cobran”, explica.
Los lugares donde operan coinciden con el corredor del narcotráfico en Guatemala, refiere Rivas.
“De seguro el corredor del narcotráfico es aprovechado por ellos, pero la verdad es que ya se han posicionado casi en todo el territorio nacional”, indica.
Afecta la economía
“La presencia de estos grupos criminales le ha afectado a la economía nacional, porque las personas no acuden ante una institución financiera bancaria a requerir los servicios formales para poder obtener en zonas que los obtienen porque pagan altos intereses”.
“Pero también es un reflejo de la poca capacidad de primar los servicios del sistema bancario derivado de que no facilitan pequeñas cantidades de dinero en préstamo a comerciantes informales. Es un segmento del mercado que no ha sido atendido por la banca nacional y que estas organizaciones de criminales que la están ubicado y producto de ello desde que terminan prestándole dinero”.
Rivas considera que para enfrentar este flagelo debe ser en forma coordinada entre la PNC y el MP y otras agencias de investigación criminal no solo de Guatemala sino de Colombia para identificar y desarticular a estas agrupaciones.
Par el exjefe del Interior se debe “buscar verdaderamente de dónde procede el dinero y darle un golpe a las estructuras criminales desde los que las dirigen hasta quienes terminan cobrando y causando daños o muertes a las personas”.
Agregó: “Además, la banca nacional tendría que generar una apertura a este sector, especialmente a la economía informal, para facilitarles créditos sin exigirles tantos requisitos de carácter formal que evidentemente no pueden cumplir”.
