Los argumentos por los cuales se envió a juicio al exdiputado Julio Juárez por el crimen del periodista Danilo López

Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, envió a debate al exlegislador Julio Antonio Juárez Ramírez, sindicado del asesinato de un periodista, corresponsal de Prensa Libre, hecho ocurrido en el 2015. Las razones que comprometen al exdiputado fueron analizadas minuciosamente por el juzgador.

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El exlegislador Julio Antonio Juárez Ramírez enfrentará un debate por el crimen de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
El exlegislador Julio Antonio Juárez Ramírez enfrentará un debate por el crimen de Danilo López, corresponsal de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

“Es prudente que se establezca en un tribunal su culpabilidad o inocencia. Existe la probabilidad en la acusación de que contrató a las personas de la banda de sicarios”, dijo el juez de alto impacto para abrir un debate contra el exdiputado que integró la bancada oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

“Usted fue el enlace con la organización”, resolvió el juez Gálvez al revisar decenas de indicios que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Gálvez se tomó más de tres horas para revisar estos indicios. Los colaboradores del caso, así como varios testigos, declararon que observaron al diputado en Mazatenango, Suchitepéquez, el 10 de marzo del 2015, día en que fue ultimado a balazos Danilo López, corresponsal de Prensa Libre.

“Existen testimonios que horas antes de los hechos el señor Juárez fue visto en un picop rojo. A ese picop se subió la víctima Danilo López con quien conversó unos minutos”, explico Gálvez en su resolución.

Después hizo referencia a que esos hechos se enlazan con que el exdiputado, que también fue parte del extinto Libertad Democrática Renovada (Líder), es dueño de cuatro vehículos, uno de ellos el referido picop.

El juez leyó un fragmento del colaborador eficaz Marco Antonio Paredes Palacios quien dijo: “El señor Juárez es una persona violenta”.

Después explicó que Juárez había conversado con Paredes Palacios y le dijo que iba a estar en el parque de Mazatenango y que debían identificar al periodista López que se iba a bajar de su picop. “Lo voy a hacer que se suba a mi carro, cuando se baje lo identifican”, leyó el juez.

Pese a que las audiencias de la semana pasada fueron en reserva, esta vez el juez decidió que la resolución debía conocerse.

Además, recordó que mientras el caso estuvo en reserva le dictaron sobreseimiento a Marco Tulio Cano Reina y a Paredes Palacios, su familiar y colaborador eficaz, a quien le confirmaron sus beneficios por su aporte en el esclarecimiento del asesinato de los periodistas Danilo López, de Prensa Libre, y Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, en 2015.

Al finalizar la audiencia Juárez evitó pronunciarse, así como sus dos abogados Saul Centeno y Mynor Hernández.

Fijan tribunal

Gálvez explicó que el Tribunal de Mayor Riesgo A, que preside Yassmín Barrios, juzgará a Juárez por el delito de asesinato.

En la acusación, el MP intentó que el exdiputado, quien también fue alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, fuera procesado por asesinato en grado de tentativa ya que en el hecho también resultó herido Marvin Tunchez, trabajador de una empresa de cable local; sin embargo, el juez solo lo procesó por asesinato porque, al ser Juárez el supuesto autor intelectual, su intención habría sido ejecutar a López, para lo cual contrató a una banda de sicarios a quienes les pagó Q25 mil por consumar el crimen.

Disputas

El juzgador recodó que la investigación del MP y la Cicig está relacionada en mensajes de texto donde el corresponsal López apoyaba la candidatura a alcalde de Érick Rolando López Posadas por Cuyotenango, Suchitepéquez, en 2015.

“El señor Julio entró en disputas con López porque pretendía que la candidata fuera Débora Borrayo Lima”, dijo Gálvez.

La muerte del periodista se lleva a cabo en un corto tiempo, pues solo pasaron cuatro días entre la decisión, las negociaciones y la ejecución del hecho, mencionó el juzgador.

El modus operandi se caracterizó por la utilización de dispositivos de comunicación móvil, para concertar y coordinar la ejecución de las actividades criminales.

Juárez se quedó sin inmunidad el 7 de noviembre del 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló la investigación. El presidente Jimmy Morales pidió aplausos para el diputado durante un evento en Chicacao, Suchitepéquez, el 23 de noviembre de ese año.

El Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró la visa a Juárez el 21 de diciembre de 2017.

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