La Fiscalía tuvo en análisis durante 12 meses la denuncia que efectuó la CGC. Aunque no se brindaron detalles del caso, la CGC en mayo del año pasado expuso hallazgos por la contratación de dos empresas que brindaron los servicos técnicos de catastro.
La auditoría que presentó el año pasado la CGC del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva en el 2016, determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.
La CGC argumentó en el informe las irregulridades: “La municipalidad de Villa Nueva como unidad ejecutora no cuenta con el estudio de factibilidad y declaración de incapacidad, en donde indique que la misma no posee la capacidad instalada para la administración de su Unidad de Catastro y actualización constante de la información catastral que permita incrementar los ingresos por concepto del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI) dentro de su jurisdicción”.
Según el informe a la empresa Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.
La CGC sustenta la denuncia en que la comuna no puede tercerizar el servicio catastral, se basó en el artículo 154 de la Constitución Política de la República: Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución.
Se defiende
Escobar calificó la denuncia como “espuria y política” porque se busca impedir su partición política en las próximas elecciones. Según el jefe edil el caso se retrasó intencionalmente por la CGC.
“Puse la denuncia contra los auditores -de la CGC- que me extorsionaban en marzo del 2016. Casi tres años estuvo congelado el caso privándome el derecho de defenderme”.
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