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Agrega que la Ley de Aceptación de cargos promueve la impunidad y viola el debido proceso. El derecho de defensa, la independencia e imparcialidad judicial; además, limita las funciones del Ministerio Público para cumplir su acción penal.
Añade que espera que la Corte resuelva inmediatamente esta acción de inconstitucionalidad para evitar que se beneficie a personas implicadas en casos de corrupción.
También que se prevenga graves daños al sistema de justicia guatemalteco.
Las reformas al Código Procesal Penal -decreto 51-92- fueron sancionadas por el expresidente Jimmy Morales en medio de un ambiente de incertidumbre legal y de posibles acciones inconstitucionales en contra de su vigencia.
La reforma, también conocida como Ley de Aceptación de Cargos, fue publicada en el Diario de Centroamérica y entra en vigencia este jueves 16 de enero y tiene como objetivo que las personas que sean acusadas por varios delitos podrán aceptar su culpa y tendrán una reducción de la pena.
Con estas modificaciones los señalados en procesos penales podrán ser beneficiados con una medida de aceptación de los cargos señalados.
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En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.
Señala también que “esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica”.
La aceptación de cargos debe realizarse por medio de su abogado defensor, la persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas.+
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