Renuncia segundo fiscal de la Feci en menos de seis meses

El fiscal Luis Mejía renunció al cargo por supuestas presiones que sufría por parte de sindicados en casos que tenía a su cargo.

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Luis Mejía presentó su renuncia hace un mes pero fue hasta este 15 de enero que le confirmación el cese de la relación laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Luis Mejía presentó su renuncia hace un mes pero fue hasta este 15 de enero que le confirmación el cese de la relación laboral. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El fiscal Luis Mejía, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) renunció al cargo después de haber denunciado sufrir presiones por parte de varios personas que están bajo investigación.

Éste sería el segundo fiscal de esta misma fiscalía que renuncia al cargo. El 30 de agosto de 2019 se dio a conocer la renuncia de Andrei González, quien tenía a su cargo las investigaciones contra la ex candidata a la presidencia, Sandra Torres, en el caso de Financiamiento Irregular de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, confirmó que Mejía presentó su carta de renuncia hace un mes pero fue hasta este 15 de enero que le notificaron el cese de la relación laboral con el Ministerio Público.

Mejía tenía a su cargo los casos Subordinación del Organismo Legislativo al Ejecutivo, Caja de Pandora, Plazas Congreso y Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unionista.

En julio del 2019 el fiscal dijo públicamente que desde que se presentó el caso Subordinación del Organismo Legislativo al Legislativo han sido víctimas de ataques, los cuales incluyen varias denuncias y peticiones para que él y la Feci se aparten de la investisgación.

“Las mismas personas que se encuentran implicadas han presentado denuncias de tipo penal en contra de mi persona y de personas de la Feci”, dijo.

Este caso se refiere a que producto de estos pactos y coimas, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes, entre ellas el Decreto 12-2014, Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, aprobado el 8 de abril de 2014.

Dicha ley fue producto de negociaciones entre los empresarios y la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, siendo su versión final impuesta para su aprobación sin cambios por parte de los diputados.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín cada dos meses.

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