Justicia

Rootman Estivens Pérez Alvarado y a Mayra Véliz son declarados en rebeldía por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal

El Juzgado Décimo declaró en rebeldía a los dos extrabajadores del MP por la posible manipulación de un expediente durante sus gestiones en el ente investigador.

Rootman Pérez y Mayra Véliz, exempleados del MP en una fotografía de 2017. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Rootman Pérez y Mayra Véliz, exempleados del MP en una fotografía de 2017. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El Ministerio Público (MP) informó este martes 14 de marzo que a solicitud de la Fiscalía de Asuntos Internos, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, declaró la rebeldía contra Rootman Estivens Pérez Alvarado y Mayra Yojana Véliz López.

Pérez Alvarado es sindicado por la posible comisión de los delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias.

Mayra Yojana Véliz López, sindicada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Según el MP, la rebeldía fue declarada debido a que hasta el momento no se han podido hacer efectivas las órdenes de aprehensión ordenadas por ese juzgado.

Las órdenes de captura fueron giradas el pasado 13 de marzo debido a una investigación relacionada a la posible manipulación de un expediente mientras Rootman Estivens Alvarado fungió como secretario de Política Criminal y Mayra Véliz como secretaria general del MP.

En abril de 2017, el Juzgado Décimo Penal ordenó a la entonces fiscal general, Thelma Aldana, nombrar un fiscal especial para que realizara una investigación en contra de Mayra Véliz y Roottman Pérez, derivado de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

En esa ocasión, Véliz y Pérez fueron denunciados por supuestamente haber ordenado a la exfiscal Heidy Tamara de León y Paolo Similox que presentaran la acusación del caso Cambray 2 y que se pidiera juicio para el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y el ex jefe edil Antonio Coro.

Según la Fundación contra el Terrorismo, se habría cometido tráfico de influencias, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y obstaculización a la acción penal.