La acción legal fue planteada por Arzú en la Sala Segunda de Apelaciones del ramo Penal, y se convierte en la tercera en la que argumenta que fue agraviado en su derecho de defensa.

El jefe edil solicita que se le permita ser representado por un abogado, a quien le extendió un mandato judicial.
Arzú solicitó a la Sala de Apelaciones de Femicidio la protección constitucional, pero le fue rechazada de manera provisional, con la justificación de que las circunstancias no hacen aconsejable acceder a esa petición.

En la Sala Tercera del ramo Penal se tramita otra solicitud del alcalde, en la que se planteó la posibilidad de no asistir a las diligencias.

De manera provisional, la Sala Segunda otorgó el beneficio y queda pendiente que se dicte la sentencia.

Para este viernes estaba programado dar a conocer el fallo, pero se suspendió la diligencia porque los magistrados se encontraban en una actividad en el Palacio de Justicia.

Morales citó en tres ocasiones al alcalde, pero este no asistió a ninguna, pues asegura que la ley le permite entregar sus pruebas de descargo por escrito.

Desgaste

El analista Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), considera que la actitud del alcalde representa un desgaste al sistema de justicia, pues la estrategia de la defensa figura en el uso desmedido de acciones y recursos legales.

“Ya hay una resolución de una sala, en la que no se otorga el amparo de manera provisional, y ese fallo debe respetarse”, afirmó.