El juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, explicó que el objetivo del embargo e intervención decretada a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) consiste en resarcir al Estado, ante la posible comisión de una acción delictiva que haya vulnerado los bienes públicos por medio de un eventual proceso para eliminar la propiedad.
Uno de los aspectos que destacó Villeda fue que la intervención busca operativizar la empresa y los dividendos ganados por sus actividades serían controlados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
Aseguró que el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, fungirá como auxiliar del juez, pero que tendrá autonomía de decisión.
Los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti son procesados junto a otras 10 personas, por irregularidades en el otorgamiento de un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal por medio de un usufructo oneroso a TCQ, por el cual los sindicados se habrían beneficiado con un sobormo de US$30 millones.
