La impunidad por las violaciones y otros abusos perpetrados en los conflictos afecta a la vida de decenas de miles de mujeres en el mundo, como lo han relatado en la ONU y en primera persona sexagenarias indígenas supervivientes de la violencia sexual durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).
Conocidas como “las abuelas de Sepur Zarco“, estas mujeres han roto 30 años de silencio e hicieron historia en 2011 al presentar ante un tribunal nacional el primer caso de esclavitud sexual en el marco de un conflicto armado.
Una de ellas es Demecia Yat, de 69 años y representante del colectivo Jalok U, formado por mujeres de la comunidad maya q’echí de Sepur Zarco, al noreste de Guatemala, que tienen en común haber sido violadas y tomadas como esclavas sexuales por el ejército.
En dicho poblado, que estaba habitado por unas 15 familias de esta etnia, se establecieron seis destacamentos militares, lo que resultó en docenas de hombres detenidos y desaparecidos tras ser señalados como guerrilleros y de mujeres esclavizadas.
“Estamos aquí para exigir que se luche y para que las mujeres jóvenes indígenas de nuestra comunidad tengan una vida diferente”, comentó a EFE la activista Demecia, momentos después de haber tomado la palabra en el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne actualmente en Ginebra.
El juicio concluyó en 2016 con una sentencia sin precedentes que condenó a dos excomandantes por crímenes de lesa humanidad (violación, asesinato y esclavitud) a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
La sentencia del caso Sepur Zarco también incluyó 18 medidas de reparación que tenían por objetivo mejorar las condiciones de vida de las supervivientes y sus comunidades al garantizar su acceso a la salud, la educación y otros servicios esenciales.
Sin embargo, han pasado 8 años desde la sentencia y las organizaciones que apoyaron su causa denuncian que varias de esas medidas han quedado “en papel mojado“, condenando a muchas de estas mujeres a seguir viviendo en condiciones de pobreza extrema.
Demecia pidió que su caso se convierta en una referencia internacional para que otras víctimas de violencia sexual puedan obtener justicia transicional, especialmente las mujeres indígenas, que en muchos casos se enfrentan a una doble discriminación por su condición de mujeres y de una minoría étnica.
“Queremos recordar que es importante buscar la justicia, alzar la voz y decir que ya no podemos continuar con estas formas de violencia que enfrentamos como mujeres indígenas”, insistió.
En esta misma línea habló Carmen Xol, otra de las supervivientes del caso Sepur Zarco, que relató entre lágrimas que son muchas las mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia sexual como arma de guerra.
La representante de ONU Mujeres en Guatemala, Gloria Carrera, cuyo organismo ayudó a estas activistas a viajar a Ginebra, lamentó que a pesar de la sentencia a su favor y de las acciones que el Estado debía tomar en favor de la comunidad indígena de Demecia y Carmen, persisten los problemas para recibir una educación o tener acceso a la salud.
Sostuvo que faltan recursos económicos y coordinación entre los distintos ministerios de Guatemala, pero también apoyo de la comunidad internacional para sostener los logros conseguidos.
