Tras ordenar captura de Thelma Aldana, Víctor Cruz se convirtió en el juez más protegido del país

El titular del Juzgado Décimo Penal cuenta con seguridad del Ministerio de Gobernación, la Presidencia de la República y del Organismo Judicial, algo inusual al tratarse de la jerarquía que este tiene en las cortes del país. Víctor Cruz se convirtió en el juez más cuidado al firmar la detención de Thelma Aldana, incluso al tener agentes casi al nivel de un juez supremo.

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El juez Décimo, Víctor Cruz, durante una audiencia del caso IGSS-Ambulancias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El juez Décimo, Víctor Cruz, durante una audiencia del caso IGSS-Ambulancias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dos hombres armados acompañan al juez Víctor Manuel Cruz Rivera en cada paso que da en la Torre de Tribunales. Esta mañana compareció poco antes de las 8 horas y solo los abogados de algunas causas judiciales ingresaron en la judicatura. Nadie más. El acceso a la sala de audiencias estuvo restringido.

Fuentes del Organismo Judicial (OJ) confirmaron que, Cruz Rivera, además de los dos policías, tiene otros tres guardias encargados de sus traslados en un automóvil blindado con la matrícula P477FTT, que le asignó el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Hoy es el juez más protegido de los más de mil 100 que tiene el OJ. Incluso supera la protección que mantienen los juzgadores de alto impacto, Érika Aifán, Sara Yoc, Yassmín Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, quienes tienen menos agentes para su protección y han conocido diversos casos de corrupción.

En el aparato de Justicia Cruz solo es superado en cantidad de agentes asignados por los 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por motivos de seguridad, los magistrados no revelan la cifra de agentes que les protegen, pero una fuente confió que son más de los cinco agentes que deben dar seguridad a estos jueces.

El vehículo negro donde se traslada Cruz Rivera desde marzo pasado permaneció estacionado en el segundo sótano de la Torre de Tribunales durante la mañana. Por la tarde uno de los guardias lo retiró del lugar.

La protección con que cuenta Cruz fue compartida por el matutino elPeriódico. Tiene seguridad del Mingob y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de Guatemala (SAAS), según la publicación.

Este es el vehículo que, según el diario elPeriódico, el Ministerio de Gobernación costea para seguridad del juez Víctor Cruz. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Ofreció brindar detalles

En el juzgado se intentó hablar con Cruz Rivera y se informó que esperaría a que la Asociación de Jueces y Magistrados se pronunciara. Fue el juez Mynor Moto, quien dirige la Asociación, el que contestó una llamada telefónica y confirmó la protección al juzgador.

“Personal del Ministerio de Gobernación se acercó al juez y por monitoreo de medios aconsejaron que su nivel de seguridad fuera más de lo normal, a efecto de garantizarle a él su vida, porque representaba un riesgo alto”, mencionó Moto desde Kingston, Jaimaica, a donde viajó por la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Moto agregó: “En ningún momento tuvo reuniones con el ministro -Enrique Degenhart-, mucho menos con el presidente -Jimmy Morales Cabrera-, con un funcionario ejecutivo, ni de la SAAS, específicamente, porque esa es la crítica. El juez ignora las circunstancias del vehículo porque el vehículo se lo dio Gobernación”.

Por la tarde se volvió a consultar en la judicatura si Cruz iba a brindar una declaración como había informado durante la mañana. Un oficial de audiencias hizo la consulta y explicó que “no había alguna postura”.

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La seguridad del OJ

El vocero del OJ, Mario Siekavizza, dijo que el juzgador Cruz cuenta con “seguridad institucional”, aunque los detalles fueron omitidos debido a que es “la protección del juez”.

La protección a Cruz por el OJ fue avalada desde el 19 de marzo pasado, un día después de que firmó la orden de aprehensión de la exfiscal General, Thelma Aldana, quien espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgue un amparo para ser inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como candidata presidencial por el partido Movimiento Semilla. Aunque se evitó especificar si fue Cruz quien hizo la solicitud.

Investigación en su contra

La Fiscalía contra la Corrupción abrió un expediente en torno a Cruz quien, según el diario elPeriódico, habría recibido un soborno por haber solicitado la orden de captura contra Aldana, exfiscal general, y por recibir seguridad presidencial.

En Gobernación, el vocero Fernando Lucero, se le consultó por qué Gobernación le brinda un blindado y seguridad al juzgador, pero no hubo alguna respuesta.

Alfredo Brito, secretario de Comunicación de la Presidencia, informó: “Tengo entendido que hay un convenio de cooperación interinstitucional con el Mingob y la SAAS, si se le brinda seguridad es porque el mismo juez solicitó a Gobernación la misma, este a su vez pidió apoyo a la SAAS, esto después de un análisis de riesgo”.

Secretismo

Cruz mantiene en reserva la causa 01070-2019-00109, en la que firmó la orden de aprehensión contra Aldana el 18 de marzo pasado. Además, citó a Dimas Gustavo Bonilla, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El caso está en la Fiscalía de Delitos Administrativos y se refiere a una supuesta plaza irregular que Aldana le otorgó a Bonilla cuando dirigió el Ministerio Público.

Esta semana, la Sala Segunda de Apelaciones Penal otorgó un amparo provisional a Bonilla debido a que el juez Cruz se negó a entregarle los documentos del caso por lo que la audiencia de primera declaración a Bonilla queda en suspenso.

El caso se refiere a su responsabilidad en la contratación del abogado Bonilla, quien, según la Fiscalía de Delitos Administrativos, no cumplió con su trabajo de capacitador en esa institución en el 2014 y 2015, para lo cual ganó Q236 mil 774.19.

El contrato establecía que Bonilla debía hacer guías didácticas, guías de trabajo, planes docentes e informes de sus capacitaciones.

¿Quién es el juez?

Cruz Rivera asumió el año pasado la titularidad del Juzgado Décimo Penal. Antes estuvo en el Tribunal de Sentencia de Jalapa. Entre sus resoluciones que han sido cuestionadas por el ente acusador están el retraso de la audiencia de etapa intermedia de la magistrada separada de la CSJ, Blanca Stalling.

También otorgó arresto domiciliario al exministro de Gobernación, Salvador Gándara, y al ex secretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos. Las resoluciones se hicieron cuando cubría las vacaciones del juez Undécimo, Eduardo Cojulún.

Otra resolución que no compartió el MP fue haber otorgado arresto domiciliario a la exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el 9 de febrero pasado.

Recientemente fue asignado por resolución de una sala al caso del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) denominado Subordinación en el Congreso que tiene a siete diputados, entre ellos Estuardo Galdámez, candidato presidencial, y al ministro de Economía, Acisclo Valladares.

 

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