Los connacionales en Estados Unidos llevan desde enero sin poder obtener la Tarjeta de Identificación Consular (TICG), documento que les permite cobrar cheques, tramitar licencias de conducir e identificarse ante autoridades locales. La reanudación del servicio podría extenderse hasta agosto.

La razón es que en diciembre pasado venció el contrato con la empresa que se encargaba de imprimir la tarjeta, y ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) busca emitirla sin tercerizar el servicio.

María Luisa Ramírez, viceministra del Minex, indicó que está en proceso el desarrollo de un sistema propio que permitirá imprimir el documento en los consulados en el mismo momento en que los connacionales lo soliciten, y que garantice el almacenamiento seguro de la información personal, además de dotar a las sedes del equipo necesario para poder realizar el trámite.

Durante una citación con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, la funcionaria dijo que implementarán un plan piloto con dos centros de impresión en los consulados de Los Ángeles, California, y Lake Worth, Florida.

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“Se pensó en fortalecer la red consular. El proceso estará listo no más allá de agosto y así retomar la entrega de la tarjeta, con más medidas de seguridad que la que actualmente se entrega”, señaló Ramírez.

El congresista Gerardín Díaz, presidente de la comisión, indicó que debió preverse que a partir de enero el documento ya no se podría emitir, y no “hasta que se quedaron sin nada, es que comienzan a ver qué hacen”, pues el Minex había indicado que en mayo se retomaría la impresión de las tarjetas, lo que no sucederá.

Documento necesario

Alfonso Pérez, presidente y fundador de Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles, California, indicó que la TICG es el único documento de identificación guatemalteco que se tramita en Estados Unidos. Esta tiene la fotografía y la dirección donde vive la persona, y la utilizan para identificarse en hospitales y recibir servicios de emergencia, inscribir a los niños en la escuela y abrir una cuenta bancaria. No es una prueba de estatus migratorio, pero sí les permite demostrar que residen en el país.

Para Walter Batres, de la Red Migrante Guatemalteca, también en Los Ángeles, no tener la cartilla consular, como también le denominan, afecta a muchos guatemaltecos, pues la “aceptan como documento oficial” para realizar diversos trámites.

La información del Minex es que hay 3 millones 399 mil 124 guatemaltecos en Estados Unidos y que para el 2022 había 1 millón 148 mil 746 connacionales que tenían la tarjeta activa, pues esta tiene vigencia de cinco años. Se mencionó que el año pasado hubo una baja demanda del documento y un aumento en la solicitud de pasaportes.

La suspensión de la TICG es generalizada, pues Paulino García, guatemalteco que reside en Houston, Texas, señaló que desde enero no logran tramitarla, siendo elemental para quienes no tienen un estatus migratorio legal y la solicitan para envío de remesas a Guatemala.

“Esta situación preocupa, no solo por las redadas, sino que se suma a ese desamparo por parte del gobierno de Guatemala. Es triste ver a la gente llegar al consulado y que salga sin nada; solo llega a perder el día y, de paso, se arriesga a que la agarren en la calle”, indicó García.

Preocupación por atraso

El servicio de documentación en los consulados se sigue prestando y el más demandado es el pasaporte. Este año se han entregado 109 mil 213; además, se han emitido 47 mil 707 DPI a connacionales en Estados Unidos, según datos del Minex.

Pero, a criterio de los migrantes guatemaltecos entrevistados, el primero es difícil que las personas lo lleven a todos lados, y el segundo no funciona para realizar gestiones en bancos u hospitales. Mientras que la TICG es más manejable, fácil de cargar y es aceptada como documento oficial.

“Este atraso nos angustia por la situación antiinmigrante de la administración Trump, y la gente necesita un documento para identificarse. No vamos a andar con el pasaporte en la mano, porque es una señal de que uno es extranjero y cuestionarían nuestro estatus migratorio. Es más práctico tener la tarjeta, que es reconocida por la Secretaría de Estado y aceptada por varias autoridades”, mencionó Pérez.

La diputada Sandra Jovel indicó que la Cancillería está faltando al derecho de los connacionales a recibir la TICG, por lo que sugirió al ministerio buscar temporalmente una empresa para extender las tarjetas hasta que el proyecto planteado comience a funcionar.

“Estamos a la espera de una solución rápida. Esperábamos que le renovaran el contrato a la empresa con la que trabajaban anteriormente, pero parece que no lo harán. Entonces, nos tocará esperar hasta agosto para que implementen los centros de impresión”, dijo Pérez.

La TICG tiene un costo de US$25 y una vigencia de cinco años, según la información oficial.