Desde la semana pasada lo invade la incertidumbre al saber que el Gobierno de EE. UU. está por implementar nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, según una regla que fue publicada en el Registro Federal el 15 de junio y que cobrará vigencia pasados 30 días, después de que finalice el periodo de recepción de comentarios.
Entre las nuevas barreras que tendrían que enfrentar aquellos que quieran optar a asilo se cuentan, por ejemplo, que los jueces podrán denegar una solicitud sin dar oportunidad a los migrantes de testificar; es decir, no tendrían derecho a un proceso judicial completo.
Además, las persecuciones que cubriría el derecho a asilo solo serían para evitar daños “extremos” a las personas, y para optar al alivio migratorio será requisito pertenecer a un grupo social en particular, lo que dejaría fuera a quienes huyen de las pandillas o por violencia doméstica.
Abogados creen que también restringe las solicitudes de asilo por motivos de género, nacionalidad, raza, religión u opinión política.
Cuantos guatemaltecos hay
Aunque no se sabe con claridad si la norma afectará a aquellos que ya tienen iniciado un proceso, como es el caso del Elmer, es imposible que los migrantes dejen de sentir temor, sobre todo cuando a la par de reformas a las leyes de asilo, el Gobierno también limita la migración regular de trabajadores extranjeros con el argumento de que la pandemia del coronavirus ha hecho que se pierdan millones de empleos que los estadounidenses necesitan.
Los solicitantes de asilo que en la mayoría de los casos deben esperar más dos años para una resolución final de su caso temen que el Gobierno también les limite el acceso a empleo.
Aunque no se sabe con claridad si la norma publicada el pasado 15 de junio afectará a aquellos que ya tienen un proceso iniciado, hoy en día de los 1.2 millones de casos pendientes de resolución, 262 mil 548 son guatemaltecos, según datos que compila la Universidad de Syracuse, Nueva York.
Marketa Lindt, presidenta de Aila
De acuerdo con estos datos, incluso, hay casos que esperan desde 1998. Guatemala es el país con más procesos pendientes, incluso encima de países como México y Honduras.
“Esta situación nos preocupa a todos”, dice Elmer, al mismo tiempo en que enfatiza que para su familia, perder el caso y terminar con un orden de deportación “sería catastrófico”.
“Imagínese, con tres asesinatos en mi familia, mi padre y dos hermanos, y yo amenazado de muerte ¿Cómo voy a tener la certeza de que voy a estar seguro si regreso a Guatemala? ¡Me matan!”, asegura este migrante de 49 años.
Elmer sabe que la pandemia del covid-19 ha causado la pérdida de muchos puestos de trabajo. En ese sentido comenta que hace poco él y su esposa recibieron permisos para laborar y ya cuentan con un empleo, lo cual es un verdadero alivio para su desgastada economía que en los últimos dos años, se ha visto golpeada por los gastos para resolver su situación migratoria, pago de abogados, y la educación y alimentación de sus dos hijos.
Más difícil
Ya de por sí acceder a asilo con las actuales restricciones es difícil. Hasta este año, del total de solicitudes de asilo de guatemaltecos se han resuelto 51 mil 27, de estas solo el 17% fueron concedidas, el equivalente a ocho mil 528; a 853 les concedieron otro alivio migratorio y a los restantes 41 mil 646 les denegaron la petición.
El Consejo Americano de Inmigración (AIC, en inglés) aseveró en un comunicado que la nueva disposición haría “casi imposible para la mayoría de los solicitantes reclamar con éxito protección humanitaria en EE. UU.”.
Berth Werlin, directora ejecutiva de AIC.
La regla “representaría el fin del sistema de asilo tal como lo conocemos. Está en conflicto directo con el estatuto de inmigración, altera años de jurisprudencia y eleva intencionalmente las normas de asilo a alturas inalcanzables”, subrayó Berth Werlin, directora ejecutiva de AIC.
Añadió que el objetivo de los cambios no es mejorar el programa de asilo, sino hacer imposible su obtención, por lo cual, de concretarse “sería el golpe final” a ese sistema, considerado un “orgullo” en la historia de EE. UU.
Para la Asociación de Abogados Estadounidenses de Inmigración (Aila, en inglés), es de especial preocupación el que los jueces de inmigración puedan negar más solicitudes de asilo, si es que finalmente la norma entra en vigor.
“Sabemos que algunos jueces niegan más del 90% de las solicitudes de asilo donde el demandado se encuentra ante ellos, testificando su persecución. Esta regla dará como resultado que a más personas que huyen de sus vidas se les niegue la protección”, puntualizó Marketa Lindt, presidenta de Aila.
Por su parte, Benjamin Johnson, director ejecutivo de esta Asociación, lamentó que con estos cambios, aquellos que reclaman protección legítima por cuestiones de raza, religión, género o política serán devueltos “por la fuerza para enfrentar asaltos, torturas y muerte”.
Pretende acabar con la migración
Las restricciones al asilo se suman a una serie de medidas que el Gobierno de EE. UU. ha implementado, en principio con el argumento de evitar la entrada del coronavirus, sin embargo, con una nueva orden ejecutiva extendió esas reglas hasta el 31 de diciembre de este año.
Con la ampliación de esta normativa también llegó la prohibición de emisión de visas para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta el 2021, supuestamente para proteger a los trabajadores estadounidenses tras la pérdida de empleos a consecuencia de la pandemia.
Dentro de la prohibición no se incluye las visas H-2A para trabajadores agrícolas ya que este sector es considerado vital para garantizar el funcionamiento de la cadena alimenticia y el acceso a comida de los estadounidenses. Cada año miles de agricultores, especialmente de México y Centroamérica viajan a EE. UU. para trabajar en fincas agrícolas.
Guatemala tiene altas expectativas por obtener una buena cantidad de estos visados, puesto que un acuerdo entre ambos gobiernos para facilitarlas es parte de las condiciones que se establecieron desde el año pasado cuando el país aceptó recibir solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador que fueran devueltos por EE. UU. en una especie de acuerdo de tercer país seguro, que se firmó el 26 de julio.
Cuestión política
Para Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), el endurecimiento de las reglas migratorias es una estrategia política del presidente Donald Trump, quien, ante la imposibilidad de vender la economía (por los suelos a causa del coronavirus) como uno de sus logros de cara a las elecciones de noviembre, de nuevo arremete en contra de los migrantes.
Al respecto de si la intención de Trump es terminar con la migración no solo ilegal, sino también legal, Núñez dice que “de hecho ya queda poco” para hacerlo, aunque teme que otra de las acciones del gobernante esté encaminada a bloquear recursos para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. con lo cual se paralizarían todos los procesos de asilo, ciudadanía o cualquier otra índole que tengan los migrantes.
“Trump va 10 puntos atrás en las encuestas y él tiene que asegurar a sus bases que es muy antimigrante y conservadora, para ellos es muy relevante que Trump se haga fuerte en contra de los migrantes”, explica Núñez.
Aunque el mandatario estadounidense no logre su reelección en noviembre, Núñez afirma que aún quedarían muchos meses para que deje el cargo durante los cuales puede formular más acciones ejecutivas antimigratorias puesto que tiene las facultades para hacerlo ahora que EE. UU. enfrenta una emergencia sanitaria.
“Vamos a vivir momentos difíciles. Todavía puede causar mucho daño a mucha gente”, lamenta el activista.
