Guatemala

Acción Ciudadana denuncia al PDH por supuesta inacción ante incumplimientos de la Ley de Acceso a la Información

La organización denunció al procurador por lo que considera "falta de acciones" ante incumplimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública que, según sus monitoreos, fueron detectados en 14 municipalidades.

Alejandro Córdova, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos,

Alejandro Córdova, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, durante una citación en el Congreso de la República el 17 de octubre del 2023. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Acción Ciudadana presentó una denuncia contra el procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, al considerar que la institución no ha actuado oportunamente ante incumplimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) detectados en 14 municipalidades.

La denuncia está “relacionada con la actuación del procurador de los Derechos Humanos, considerando las funciones que la institución ejerce en materia de protección y supervisión del derecho de acceso a la información pública”, indicó la organización en un comunicado.

La denuncia es por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia y pide investigar si “frente a los incumplimientos documentados, se realizaron oportunamente las actuaciones correspondientes”.

Municipalidades señaladas

César Vega, coordinador general de Acción Ciudadana, explicó que durante este año ha presentado denuncias contra las 14 municipalidades por incumplimientos relacionados con la publicación de información pública de oficio.

No obstante, únicamente en dos de esas municipalidades, Santa Ana, Petén, y Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez, la PDH solicitó un informe circunstanciado. En las otras 12, afirmó, no ha habido ninguna actuación.

“Sobre las otras 12 no ha habido ningún tipo de acción por parte de la PDH”, afirmó Vega en entrevista.

Las otras comunas señaladas en los informes por los incumplimientos, según la organización, son:

  1. San Francisco, Petén
  2. Cobán, Alta Verapaz
  3. Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez
  4. La Unión, Zacapa
  5. Usumatlán, Zacapa
  6. Chiquimulilla, Santa Rosa
  7. Guazacapán, Santa Rosa
  8. Oratorio, Santa Rosa
  9. San Rafael Las Flores, Santa Rosa
  10. Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa
  11. Taxisco, Santa Rosa
  12. San José Acatempa, Jutiapa

La organización también señaló que en julio del 2026 presentó un monitoreo sobre las remuneraciones de los alcaldes, en el que documentó que menos de la mitad cumplía con divulgar la información que la legislación obliga que se publique de oficio.

“El monitoreo nacional sobre remuneraciones de alcaldes municipales evidenció que únicamente 138 de las 340 municipalidades del país, aproximadamente el 40% contaban con información disponible y actualizada para determinar las remuneraciones de sus alcaldes”, indicó también la organización.

Acuerdos de Zunil y El Palmar

Entre los hallazgos, Acción Ciudadana identificó a las municipalidades de Zunil y El Palmar, Quetzaltenango, cuyos concejos acordaron no publicar información relacionada con salarios, honorarios, dietas, bonos, viáticos y otras remuneraciones.

Vega explicó que la organización obtuvo las actas municipales mediante solicitudes de acceso a la información pública y constató que las decisiones fueron adoptadas mediante deliberaciones de los concejos.

“Eso sí es una clara ilegalidad, o sea, decir por concejo municipal: ‘esto no lo vamos a publicar’”, señaló.

Según Acción Ciudadana, las municipalidades no siguieron el procedimiento correspondiente para declarar reservada la información, como la presentación de una prueba de daño. Por estos hechos, la organización presentó una denuncia penal contra autoridades y servidores municipales por la posible comisión de resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, retención de información e incumplimiento de deberes.

Los dos casos también fueron incorporados a la denuncia presentada contra el procurador, debido a que, según Vega, los acuerdos municipales estaban disponibles públicamente en los sitios web de las propias municipalidades.

“Eso estaba ahí, a la vista de todos”, afirmó.

Cuestionamientos a la PDH

La organización sostiene que los casos forman parte de un problema más amplio de cumplimiento de la LAIP en las municipalidades y cuestiona que la PDH, como autoridad reguladora en materia de acceso a la información pública, no haya actuado frente a los hallazgos que la organización le ha presentado.

“Lo que vemos es que la no publicación de información de oficio es un tema sistemático y generalizado por parte de las municipalidades”, dijo Vega.

El representante de la organización agregó que han acudido en tres ocasiones durante este año a la PDH para presentar denuncias relacionadas con las municipalidades identificadas.

“¿Por qué una organización como nosotros puede identificar esto? Probablemente el garante no ha hecho ninguna acción para corregir esas actuaciones”, cuestionó.

Vega afirmó que la denuncia contra el procurador busca que se investigue si la falta de actuaciones frente a los incumplimientos documentados puede constituir responsabilidad penal.

La denuncia

Acción Ciudadana señaló que su denuncia contra el procurador no se limita a los casos de Zunil y El Palmar, sino que deriva de los distintos hallazgos documentados mediante sus ejercicios de auditoría social y fiscalización de la LAIP.

La organización considera que la existencia formal de portales electrónicos municipales no garantiza por sí misma el acceso a la información pública y sostiene que esta debe encontrarse disponible, actualizada y accesible para permitir la fiscalización ciudadana.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.