La APG denunció que con el aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a dicha ley, se le confiere al Estado poder para interpretar a su modo las informaciones y las columnas de opinión en los medios como campaña anticipada o en favor de determinado personaje político, y partiendo de eso aplicar sanciones desde el reportero hasta las empresas de comunicación.
“Levantamos nuestra voz de protesta, porque se legisla como en los Estados convertidos en policía y represivos que conculcan los elementales Derechos Humanos, sus libertades y someten a sus ciudadanos por la fuerza, la amenaza, terror y la zozobra. Hasta limitar las pautas publicitarias de la campaña electoral con intervención del Estado, como en la época de los estados socialistas, ya desaparecidos y Estados militarizados y dictatoriales”, dice la APG.
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El conglomerado periodístco también advierte de que ante este asedio y amenazas a la libertad de expresión llegará hasta las últimas instancias, ya que en dicha ley no se define “una temporalidad del proceso electoral, ni limitación de funciones dentro de la estructura de los medios informativos, ni lo que puede comunicarse en las redes sociales”.
“En los últimos tiempos, los mecanismos de descrédito y señalamientos infundados de funcionarios tratan de debilitar el crédito que tiene el periodismo dentro de las estratos sociales, construido a través de la lucha por defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes de información, que ha dejado mártires en el camino de la historia política del país”, consigna el texto.
Finalmente, la APG hace un llamado al periodismo independiente, verdadero y sin sesgos, para que se una a defender la libertad de prensa y mantener un estado democrático, al igual que lo hicieron en determinado momento los grandes medios en Estados Unidos.
“Exhortamos a los periodistas a mantenerse ajenos a toda provocación y partidaria, porque nuestro interés es mantener la libertad y el fortalecimiento de la opinión pública por medio de nuestra objetividad, la verdad que demanda transparencia, lucha contra la corrupción y una justicia pronta y cumplida y que no deje dudas en sus fallos”, puntualiza el comunicado.
Hace dos días, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó una acción constitucional que busca anular cuatro artículos del reglamento de la Unidad de Medios del TSE por considerarlos también una amenaza a la libertad de empresa, entre otras consecuencias.
El Cacif asegura que las reformas del artículo 220 y 222 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “violan la libertad de acción al obligar a los medios de comunicación a aceptar una “tarifa política”, fijada a discreción por el Congreso de la República. En este sentido, el Legislativo faculta de forma ilegal al TSE para tener un control e injerencia absoluta en el funcionamiento de las empresas de publicidad y comunicación”.
En mayo último, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala ya había advertido y expuso sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad de por qué deberían declararse inconstitucionales al menos siete artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, al considerar que ponen en peligro a los medios de comunicación.
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