Batalla legal por expulsión de Iván Velásquez será en la CC

Los fundamentos legales emitidos por el presidente Jimmy Morales para expulsar al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y los argumentados por la Corte de Constitucionalidad para ordenar que no se cumpla tal orden, serán los principales elementos que se conocerán en el tribunal constitucional durante los próximos días. 

Diversas reacciones se registraron después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió, mediante tres amparos provisionales,  la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar no grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y expulsarlo del país.


El abogado constitucionalista Alejandro Balsells explicó que la resolución de la CC es clara al indicar que Velásquez no puede ser expulsado del país.

“Lo que yo saco del video —refiriéndose al mensaje presidencial emitido a las 15.30 horas— es de que el Presidente tiene una clara estrategia para generar especulación. Tiene un fallo clarísimo de la CC que debe respetar. Él tiene que cumplir. Cuando hay control constitucional, pues es la Corte la que determina lo que debe ocurrir”, afirmó.

Balsells agregó que el mandatario tiene razón al señalar que actúa con respaldo de la Carta Magna, porque allí se señalan las obligaciones que tiene la persona que ocupa la primera magistratura, quien es el responsable del Organismo Ejecutivo.

“La Constitución es tajante al decir que el Presidente es el responsable del Organismo Ejecutivo. La Constitución no puede ser entendida de manera aislada, sino en su contexto”, refirió el profesional.

El entrevistado destacó que el dignatario obvió emitir un pronunciamiento concreto sobre lo resuelto por el tribunal constitucional, que durante la tarde y noche otorgó dos amparos provisionales más a favor de Velásquez, solicitados por el abogado alfonso Carrillo, y Yuri Melini y Rafael Maldonado, de la  ambientalista Calas.

Consultado en  Diálogo Libre, transmitido en www.prensalibre.com Balsells afirmó que si el presidente no quiere ejecutar la orden de la CC “caerá en desobedencia”.

“Sería bueno señalar que la CC se integró con una magistrada suplente —Cristina Fernández García— hubo un magistrado titular —Bonerge Mejía Orellana—, precisamente delegado del Colegio de Abogados,  que no estaba integrando la corte, y él tendrá que ser el voto decisivo y ahi es donde los estudiantes de derecho de la San Carlos lo conocen mejor que yo. Este es un tema que amerita análisis interdisciplinario. Confío que se otorgará  amparo definitivo”, dijo.

Agregó que el trámite podría tardar 35 a 40 días, pues será un tema prioritario. “Lo que es evidente es que hay divisíón de magistrados en la corte” 

Institucionalidad

El abogado Francisco Vivar, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, consideró que la situación debe analizarse no solo por el anuncio que el mandatario hizo para expulsar a Velásquez, sino en el contexto en el que se desarrolla.

“La resolución del Presidente debe entenderse desde su concepción y —uno— se dará cuenta que es originada por la investigación contra —el partido— Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido del que él fue  secretario general. De la investigación se deriva un posible delito. Se respetó su derecho de defensa”, dijo.

Vivar manifestó que otra motivación para que el mandatario haya arremetido en contra de la permanencia del jefe de la Cicig en el país fue de tipo personal, contrario a lo señalado por el mandatario.

“Llama la atención cuando dice que responde a intereses de la nación. Por eso vemos que la CC emite amparo provisional y lo que hace es que ver que las circunstancias lo hacen aconsejable, y es que se trata de evitar un daño grave,  no reparable, como la salida del comisionado, y por eso lo suspende”, aseguró el abogado.

La Cicig también participa en una investigación que desarrollada por el Ministerio Público (MP), la cual involucra a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del mandatario, acusados  por supuestamente haber defraudado al Registro General de la Propiedad. Ambos enfrentarán juicio ante un tribunal de sentencia, con 22 personas más.

El profesional destacó que ante una eventual desobediencia de Morales, la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucionalidad, contempla medidas para que se cumplan sus resoluciones.

“Se puede dar el escenario —que se no acate—, pero la Ley de Amparo contempla procedimiento, como medidas coercitivas, para que la CC ordene que la Policía Nacional Civil dé cumplimiento a lo ordenado”, finalizó.

Santiago Palomo, vocero de la CC, señaló que la corte ya emitió un pronunciamiento acerca del tema y que se espera que el mandatario y los funcionarios a su cargo, respeten el fallo. El mismo ordena a “la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil… que se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente”.

La resolución contiene los apercibimientos para que se acate la misma. Será el curso de los hechos, lo que determine qué acciones continuarían respecto del caso”, refirió el vocero.

Cuestionan fallo

Los abogados Mauricio Berreondo y José Toledo afirmaron que la decisión de la CC debe ser respetada, derivado de la responsabilidad ciudadana de atender las decisiones judiciales, pero afirman que no es la última palabra al respecto, pues por el momento solo se trata de un amparo con carácter provisional.

Berreondo, quien defendió al expresidente Alfonso Portillo, procesado  por la Cicig, calificó como ilegal la resolución de la CC porque atenta en contra de la soberanía de Guatemala. “Lo que están haciendo ellos —los magistrados— es ir contra una resolución presidencial y atacan la soberanía del país. A la CC se le puede demandar porque cometió dos o tres delitos”, enfatizó.

El entrevistado dijo que Morales actuó en el ejercicio de sus funciones, y que no considera que pueda desobedecer lo manifestado por el tribunal constitucional al otorgar el amparo provisional en favor de Velásquez. “Entendí que lo que quiere decir el Presidente es que él se mantiene con la idea de declarar no grato a Iván Velásquez, y  está en todo su derecho. Él también ha indicado que respeta la soberanía del país y que también quiere que se respete esa situación. Lo que ordena la CC hay que respetarlo, por ser el órgano jurídico más alto”, destacó Berreondo.

Toledo recalcó que el mandatario tiene el aval de la legislación internacional, pues su decisión solo se relaciona con aspectos diplomáticos. “La decisión que tomó, independientemente que sea o no popular, fue una decisión con base a esas normas de derecho internacional. La CC es un órgano supremo y que su función es resguardar el orden constitucional, su resolución debería de centrarse en si se violentó alguna garantía constitucional al señor comisionado o si se le violentó algún derecho, eso es lo único que hay que ver”, destacó.

Agregó que consta en las declaraciones de Morales que apoya a la Cicig, como institución.

Para el abogado Moisés Galindo la decisión de Morales está apegada al Derecho nacional e internacional. “El presidente ha sido claro y ha explicado el fundamento de su resolución, que está apegada a Derecho.  En Guatemala, la ley del Organismo Judicial siempre le pone como método de interpretación de la ley lo que dice de manera taxativa la normativa, y lo que él dijo es lo que dice la ley”, manifestó.