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El abogado de las Cámaras, Gabriel Orellana, señaló que con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE es el único contratante de pauta electoral.
Además, según el abogado, la Ley también determinó los precios que se podían pagar de acuerdo con el tipo de servicio que se recibiría y las tarifas según cada medio de comunicación.
Orellana afirmó que hay información pública que señala que el TSE pagó tarifas similares a radiodifusoras con cobertura departamental y municipal. “En ambos casos es notorio que la cobertura es distinta por la demografía y el impacto publicitario”, dijo.
Lo mismo ocurrió, según las sospechas de los denunciantes, con pauta en televisoras municipales.
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“Lo más importante es que el hecho de que toda la información de la que surge la duda está publicada en redes sociales y no existen filtraciones u obtención ilícita”, declaró Orellana.
Marisol Archila, presidenta de la Cámara de Radiodifusión, pidió, tanto al Ministerio Público como a la Contraloría, que se investigue lo actuado por el TSE, para determinar si hubo o no anomalías en la entrega de la pauta.
“No estamos acusando a nadie, solo pedimos que se fiscalice el proceso electoral donde se usaron fondos públicos para la pauta. Que se audite porque los números no nos cuadran y tenemos indicios de que hay anomalías”, explicó Archila.
Orlando Rodríguez, director de Atención a Denuncias de la Contraloría General de Cuentas, afirmó que esa entidad se pondrá en contacto con el MP porque la investigación se hará en conjunto para no duplicar esfuerzos.
Rodríguez explicó que la primera línea de investigación la tendrá el MP y que la Contraloría contribuirá con el análisis y la auditoría especial que se requiere en estos casos.
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“Tenemos un convenio con el MP y cuando se presentan las denuncias en los dos lados nos reunimos con los fiscales para saber qué necesitan. Ellos trabajan en el área penal y nosotros fortalecemos la auditoría financiera o la que se requiera para reforzar la investigación”, explicó.
Además de la denuncia de las cámaras, la CGC también trabaja en cuatro o cinco solicitudes de auditoría para denuncias específicas de delitos electorales en las elecciones del 2019.
En el MP, la denuncia se remitió a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
En el 2019, la unidad encargada de la publicidad electoral aprobó propaganda para 19 binomios presidenciales, 26 partidos que postularon diputaciones y más de dos mil candidatos a alcaldes.
La norma electoral establece que la pauta que contrate el TSE tendrá prioridad sobre las comerciales, utilizando criterios técnicos y objetivos en la determinación de espacios y tiempos en las franjas comerciales ordinarias. Los medios de comunicación social no podrán limitar en forma alguna las contrataciones que se realicen.
El TSE deberá destinar de su propio presupuesto en el año electoral una cantidad como parte del financiamiento público que promueva un acceso igualitario a los espacios y tiempos en los medios de comunicación social.
El cálculo del monto que se debe asignar será el equivalente a no menos del 0.25 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, por lo que, para el pasado proceso electoral se presupuestaron Q78.1 millones.
Postura
Julio Solórzano, presidente del TSE, dijo que desconocen el contenido de las denuncias, pero como ya está en manos del MP y la Contraloría, esperarán el momento procesal oportuno para entregar los documentos que se les requieran.
“Ellos -las cámaras- tienen sus criterios, los cuales respetamos”, afirmó.
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