Los cambios a la ley pretenden generar mecanismos de mayor control y transparencia, pues se adicionan artículos que evitan favoritismo de funcionarios, tráfico de influencias y se limita la compra directa.
El proceso de aprobación se había paralizado la semana pasada, debido a que entre los cambios figura la prohibición a los diputados, a sus cónyuges y a sus familiares en grados de Ley, así como a los financistas de partidos y campañas políticas ser contratistas del Estado.
A ese respecto, se modificó el artículo 34, y aunque continuó la prohibición de que los diputados y funcionarios sean contratistas del Estado, se eliminó el plazo de 12 meses más después de dejar el cargo.
También se exceptuaron de la prohibición las contrataciones de personas individuales que se realicen en relación de dependencia o dentro de los renglones 029 y 189. De igual forma se estableció un techo de Q30 mil anuales para los financistas de organizaciones políticas o de campañas electorales.