Estados Unidos
Guatemala
CC niega amparos provisionales y mantiene el proceso de renovación de fiscal general y el nombramiento de Gabriel García Luna
Fuentes indican que tres magistrados emitieron votos razonados explicando que las acciones fueron programadas tarde por la presidencia de la CC.
|
Gabriel García Luna debe asumir como fiscal general el domingo 17 de mayo. Fotografía: Prensa Libre.
La Corte de Constitucionalidad (CC) mantiene el proceso de renovación de fiscal general, luego de no resolver a favor un paquete de acciones legales conocidas este martes 12 de mayo, según confirmó una fuente constitucional.
Lo anterior mantiene el trabajo que hizo la comisión de postulación, la nómina de seis candidatos que fueron enviada al presidente Bernardo Arévalo, y el reciente nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general.
María Consuelo Porras deberá dejar el Ministerio Público (MP) luego de ocho años de mandato como fiscal general, teniendo que dar paso a su sustituto, que tomará posesión el próximo domingo 17 de mayo para el periodo 2026-2030.
A la fecha, el MP todavía no ha dado detalles a la prensa de como será el proceso de toma de posesión de García Luna, ni la presentación del último informe de Consuelo Porras como fiscal general.
La magistrada Anabella Morfín, presidenta de la CC, programó para la sesión de este martes cuatro amparos y una acción de inconstitucionalidad, todas ellas relacionadas con el proceso de renovación en el MP.
Los amparos conocidos fueron presentados por José Chic; diputado de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS); Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, integrantes de Fundación Contra el Terrorismo (FCT); y de José Carlos Sanabria junto a otros diputados, que buscan reactivar Movimiento Semilla.
La inconstitucionalidad fue presentada por Fernando Linares Beltranena, constituyente y exdiputado del Congreso, pero según confirmó una fuente constitucional, que prefirió no ser citada, ninguna acción tuvo un fallo provisional.
Las acciones legales todavía siguen su camino dentro de la CC, para que posteriormente se emitan las sentencias correspondientes por cada uno de los casos.
Demasiado tarde
El presidente Bernardo Arévalo hizo el anuncio de Gabriel García Luna como fiscal general el martes 5 de mayo, las acciones legales que cuestionaban ciertos momentos del trabajo de la comisión de postulación, junto a posibles riesgos en el nombramiento, se conocieron hasta ocho días después.
Pero según los registros de la propia CC, todos los amparos que fueron conocidos este martes ingresaron antes que el presidente Bernardo Arévalo hiciera el nombramiento de García Luna como fiscal general.
Los cuatro amparos ingresaron a la CC el 18 de marzo; 14 de abril; 19 de abril; y 28 de abril; mientras que de la única que no se tiene conocimiento de fecha de ingreso es de la inconstitucionalidad de Linares Beltranena.
Fuentes cercanas a la CC explicaron que tres de los cinco magistrados que conocieron los casos, emitieron votos razonados, explicando entre sus motivos que las acciones legales se programaron tarde.
La agenda de la CC depende del presidente, cargo que ocupa por este primer año de la Corte la magistrada Anabella Morfín, quien fue nombrada al puesto por el presidente Bernardo Arévalo.
La @CC_Guatemala mantiene el proceso de renovación de Fiscal General. No otorgó ningún amparo provisional ni la inconstitucionalidad. Tres magistrados advirtieron en votos razonados que los casos fueron programados tarde, luego que el presidente ya había hecho el nombramiento. pic.twitter.com/blBjx0Ykyp
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) May 12, 2026
“Retardo injustificado”
Los amparos fueron conocidos por los cinco magistrados titulares: Anabella Morfín; Astrid Lemus; Dina Ochoa; Julia Rivera; y Roberto Molina Barreto, según consta en las resoluciones de los amparos.
Morfín y Lemus firman las resoluciones aprobadas; mientras que Ochoa, Rivera y Molina Barreto aclaran en los documentos que sus votos son razonados de manera concurrente.
Hasta este momento solo se ha tenido acceso a uno de esos tres votos, pero una fuente señala que el razonamiento de los tres magistrados titulares es similar, cuestionando el tiempo en que los casos fueron programados para su discusión.
En su razonamiento, el magistrado Molina Barreto comienza explicando que por la transcendencia jurídica y política del caso, considera necesario emitir el razonamiento de su voto.
“La cual evidencia un retardo injustificado en la tramitación de la acción constitucional y que conllevó a que la decisión se asumiera hasta la presente fecha –12 de mayo de 2026–, momento en el que el Presidente de la República ya nombró al profesional que ocupará el cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público”, dice el documento.
El magistrado también expone que por el tipo de nombramiento y la trascendencia del cargo de fiscal general, lo prudente era programar los casos de manera diligente y responsable.
Detallando que uno de los amparos, el ingresado el 14 de abril, ya se tenían los informes y documentos necesarios para emitir una resolución sobre el caso desde el 17 del mismo mes, pero el mismo fue resuelto casi un mes después.
Por ese amparo ingresaron dos memoriales solicitando que se conociera la acción legal, pero los documentos no fueron tramitados de la manera adecuada.
“Evidenciándose un retardo carente de justificación objetiva por parte de la Presidencia de este Tribunal, órgano encargado de convocar los asuntos para su respectivo conocimiento y resolución. En este punto, considero importante evidenciar que los escritos presentados por el postulante, al momento en que se está conociendo el presente asunto en el Pleno, aún no han sido resueltos”, señala.
En el razonamiento se añade que debido al retraso en la programación del amparo, el mismo se discutió cuando ya se había toma una decisión sobre el nombramiento, no encontrando una justificación por dicho retraso.
“En sí, la ausencia de una justificación razonable para diferir el conocimiento del asunto, pese a encontrarse en estado de resolver y a las reiteradas solicitudes formuladas para su pronta convocatoria, constituye un extremo que objetivamente permite advertir un retardo incompatible con los principios de celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva que rigen los procesos constitucionales, especialmente cuando la demora termina favoreciendo la consumación del acto denunciado como lesivo”, indicó.
ESCRITO POR:
