Se trata de la iniciativa 6189, que ingresó a la Dirección Legislativa el pasado 31 de enero, y que fue enviada a dos comisiones parlamentarias para su análisis en la sesión plenaria del 1 de febrero, un día después de su presentación.
La propuesta de ley, según cita la iniciativa, busca llenar un “vacío legal”, que según sus diputados ponentes, impiden la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, pese a que la misma está contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala.
“Vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo”, señala la propuesta.
Esta propuesta explica el camino para que al emitirse una pena de muerte se cree el recurso legal para que en última instancia el presidente de la república confirme la sentencia, o bien emita un indulto o perdón a la pena capital.
Dicha iniciativa consta de 28 artículos, en las que se detalla el proceso para la presentación del recurso; que puede ser cualquier ciudadano guatemalteco mayor de 18 años y en pleno goce de sus derechos, el condenado a muerte, alguna personalidad jurídica y el mismo Procurador de los Derechos Humanos.
Las peticiones ingresarán a la Secretaría General de la Presidencia, el mandatario tendrá 30 días para la resolución y en caso de emitir el perdón, la pena será sustituida por el la pena máxima de tiempo en cárcel que contemple el delito por el que se emitió la sentencia condenatoria.
El trámite
La iniciativa obtuvo dictamen favorable el pasado 14 de febrero, menos de un mes desde que la Comisión de Defensa la recibió para su análisis, y en el artículo 28 cita que el “decreto fue aprobado de urgencia nacional”, lo que podría exponer las intenciones del oficialismo por aprobar en una sola sesión.
Esta comisión está presidida por el congresista Mario Azurdia, él y otros cinco diputados de Vamos integran la mesa legislativa, junto a dos diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y uno de Bienestar Nacional (Bien), Partido Unionista y Unión del Cambio Nacional (UCN), partido político que aunque ya fue cancelado sigue teniendo vigencia y participación dentro del Congreso.
La 6189, fue enviada a dos comisiones legislativas, la segunda de ellas es la Comisión de Derechos Humanos, que según su vicepresidente, Sergio Arana, aún no se cuenta con una fecha para comenzar su análisis. Debido a que la propuesta fue enviada a dos comisiones, requiere de los dos dictámenes previos a comenzar su discusión.
Las opiniones
Para el abogado Juan Carlos Luna Aguilera, las anteriores reformas únicamente buscan “hacer más severo el castigo o la pena”, sin embargo, consideró, lo importante es que, antes de hacer más grande el castigo, es mejor, asegurar las resultas del proceso, logrando condenas certeras y seguras con el ordenamiento jurídico que se tiene al día de hoy.
“Hacer penas más severas no tiene ningún resultado, si el debido proceso no se cumple, si el Ministerio Público no cumple su función de persecución penal y de asegurar una investigación encaminada a garantizar el debido proceso, capaz de desvanecer sin lugar a dudas la presunción de inocencia en busca de la verdad histórica de los hechos criminales”, aseguró.
Agregó que “con ello, crear un Estado de Derecho, capaz de dar seguridad y certeza jurídica, al mismo tiempo que cumpla con los preceptos legales de cumplimiento y observancia de todas las garantías constitucionalmente establecidas tanto para víctimas o victimarios.
“Durante mucho tiempo ha habido un desconocimiento sobre la supuesta supremacía del derecho internacional sobre el ordenamiento jurídico interno en materia de Derechos Humanos, pero como lo manifiesto, es debido a desconocer la técnica jurídica de incorporación de acuerdo y convenios internacionales al ordenamiento jurídico nacional”, explicó.
Según Luna Aguilera “cualquier convenio o acuerdo, el que sea, debe de ser incorporado al ordenamiento jurídico nacional, por medio de un decreto, el cual emite el Congreso para su incorporación, de tal forma que, un decreto, es menor a la Constitución, y por lo tanto jamás superior a ella”.
“La pena de muerte está establecida dentro de nuestro ordenamiento legal en la Constitución, por lo cual debe de cumplirse si es parte de la ley”, aseguró.
Por otro lado, refirió, “el indulto es una clara intromisión dentro de un poder de Estado en otro, de tal forma que es impropio y no debiese de existir”.
“El Indulto es un resabio del poder absoluto de los monarcas y Guatemala es una República, por lo cual no es propio ni debido que el presidente se entremeta en las decisiones emanadas por el poder judicial”, argumentó.
Para Luna Aguilera, lo que se necesita es seguridad y certeza en la aplicación de la norma, “no necesitamos más leyes que no se cumplan, necesitamos reducir las que ya existen con el único fin de crear un estado fuerte que haga cumplir las leyes existentes”.
Para el doctor en derecho y profesor universitario, Carlos Martínez, la pena de muerte es inviable, independiente de que uno esté de acuerdo o no con ella.
“Yo no estoy de acuerdo porque no resuelve absolutamente nada. En todo caso, solo a las personas que tienen un muy mal abogado o que no han tenido la oportunidad adecuada de una defensa se la aplican, pero jamás se ha demostrado se le hayan aplicado a una persona con recursos económicos”, explicó.
Momento coyuntural
Para Martínez el asunto en la actualidad es que “los politiqueros se aprovechan de la coyuntura electoral para proponer estas legislaciones, y la gente tampoco entiende, porque les cree y les aplaude”.
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un protocolo adicional de abolición de pena de muerte, del cual es parte de Guatemala y hay principios fundamentales en derecho internacional público, que es el de no regresión cuando se trata de Derechos Humanos”, señaló.
Agregó que el Pacto de San José implica que el Estado debe de acoplar su legislación nacional a los estándares internacionales a los que se ha comprometido y si no, entonces debe de expulsar de su legislación toda norma que vaya en contra del Acuerdo Internacional del cual se ha comprometido de forma soberana.
El analista en temas de seguridad, Julio Rivera Clavería, está de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte en los delitos graves que establece esta normativa.
Sin embargo, la ve más como ejemplificante que disuasiva para la comisión de delitos graves.
“La pena de muerte como disuasivo no es una realidad, estoy convencido de ello. Se observa en países en donde la aplican aún que los hechos criminales no disminuyen”, revela Clavería.
Pero eso sí, la considera “ejemplificante para el resto de los delincuentes que quieran transgredir las leyes. La pena de muerte sirve para que la gente tenga respeto por la ley”.
Agrega: “La pena de muerte por sí misma no lo resuelve los problemas. Yo creo que es más disuasiva la cadena perpetua, de por vida para ese tipo de delitos. Creo que es más efectiva que la pena de muerte. Se aleja al delincuente de las calles y solo saldrá cuando vaya al cementerio”.
El problema que ve con la pena de muerte, aun cuando está de acuerdo con ella, es la multiplicidad de acciones que se interponen para evitarla. “Se alargan los procesos y el delincuente no es castigado por sus crímenes”, refiere.
