El CEN conoció también las peticiones para que sea expulsada Sabrina Véliz, secretaria de actas del partido. En ambos casos afiliados hacen esa solicitud argumentando abuso de poder por diversas contrataciones en entidades estatales.
El Comité Ejecutivo no emitió resolución, ya que los estatutos del partido establecen que los denunciantes deben presentar pruebas para que posteriormente dicho Comité traslade al Tribunal de Honor el caso, y será este el que tome una decisión, explicó la secretaria general del partido, Ana Kristenson.
“Para poder aceptar la solicitud -de expulsión- tiene que venir con las pruebas y con eso ya se traslada al Tribunal de Honor, al cual le compete la decisión”, dijo la secretaria general.
No se tienen un plazo para presentar las pruebas ni para tomar una decisión al respecto, agregó. El CEN volverá a reunir el próximo mes.
Al respecto, el Ministerio Público (MP) informó que empezó en noviembre del 2020 las averiguaciones relacionadas con los contratos en mención.
El origen de las supuestas irregularidades fue revelado por Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva y excandidato presidencial en 2019 por Prosperidad Ciudadana, y quien interpuso una denuncia penal contra ambos. El político señaló a García, actual diputado de ese partido, que influyó para que el Insivumeh firmara contratos con la empresa Outsourcing Total, S.A. por Q22 millones 280 mil 499.40 para equipo y estaciones de monitoreo meteorológico y sismológico a nivel nacional.
Consultado Escobar sobre la postura del Comité Ejecutivo del partido, aseguró que en el MP ya investiga el caso y en diversos medios de comunicación han salido las denuncias, por lo que a su criterio no se necesitarían presentar más pruebas. Sin embargo, dijo que ahora las secretarías y afiliados que hicieron las primeras solicitudes deberán adjuntar pruebas o presentar una nueva solicitud, y analiza también, él como afiliado al partido, presentar una.
A García se le cuestiona también contratación allegados en varias entidades estatales, incluyendo a Véliz y familiares de ella en el Insivumeh y otras instituciones, comentó.
“Jorge García Silva y Sabrina Véliz Castañeda se sienten intocables con la protección del pacto de corruptos, el sistema, el derecho antejuicio de él como diputado, el apoyo del presidente y sus 112 votos en el Congreso y el dinero mal habido del Insivumeh para comprar justicia. Además, han coaccionado, amenazado y comprado apoyo en el CEN con aquellos a los que les dieron plazas y todos a quienes les pueden quitar su trabajo con el Estado: Inde, Correos, Guatel o Fondatel”, agregó Escobar.
El parlamentario García Silva presentó el 17 de noviembre del 2020 una moción privilegiada, avalada con 113 votos de diputados, para que el Congreso conociera el presupuesto de 2021 por Q99 mil 700 millones para su aprobación, lo cual ocurrió a la madrugada siguiente y desató indignación y protestas ciudadanas que orillaron al Congreso a suspender el trámite del decreto 33-2020 y posteriormente, el día 25, a anularlo, así como dos préstamos internacionales que financiaban el gasto.
El diputado García respondió a Prensa Libre que los miembros del Comité Ejecutivo “no se dejaron llevar por publicaciones de algunos integrantes del partido”, por lo que decidieron por unanimidad no darle trámite hacia el Tribunal de Honor a las solicitudes de expulsión.
Añade que esa decisión demuestra que no se puede señalar sin pruebas, y considera que no se podrá volver a conocer el caso porque las evidencias las tiene que presentar el MP o la Contraloría de Cuentas, y espera que estas no se presten para “fabricar” pruebas.
Respecto a la denuncia en su contra en el MP dijo que prefiere no pronunciarse porque es un caso que esta en investigación, pero que está con la conciencia tranquila.
