Política

Congresistas de EE. UU. piden que ayuda y préstamos a Guatemala no tengan como destino entidades gubernamentales corruptas

Los congresistas Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente, piden un apoyo "inequívoco" a la democracia en Guatemala.

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La Casa Blanca, sede del Gobierno de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

La Casa Blanca, sede del Gobierno de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Un grupo de congresistas estadounidenses pidieron este miércoles 16 de noviembre a la Administración de Joe Biden un apoyo “inequívoco” a quienes luchan por defender la democracia en Guatemala, al considerar que la erosión de la situación en el país afecta a Estados Unidos.

La resolución está encabezada por Norma Torres y Albio Sires, integrantes demócratas de la Cámara de Representantes y de origen guatemalteco y cubano, respectivamente.

“Guatemala está en una encrucijada peligrosa. Mientras su gobierno continúa atacando la libertad de prensa, un poder judicial independiente, a las comunidades marginadas y otros derechos humanos básicos, Estados Unidos debe ofrecer su apoyo inequívoco a quienes trabajan para reforzar su frágil democracia y defender el estado de derecho”, dijo Torres en un comunicado.

Su resolución solicita al Departamento de Estado y al del Tesoro que se aseguren de que no se utilizan recursos estadounidenses para apoyar a actores corruptos mediante una investigación a oficiales guatemaltecos, legisladores o empresarios, entre otros, que hayan participado en “actos destacados de corrupción o abusos de los derechos humanos”.

En caso necesario, reclama que se congelen sus activos en Estados Unidos.

El texto también insta a garantizar que no se concedan préstamos o ayudas a personas o entidades responsables de corrupción, financiación ilícita de campañas políticas o violaciones de los derechos humanos, y promueve revisar lo ya concedido para tener claro que no pone en riesgo a defensores de los derechos humanos.

Ese reclamo conjunto urge igualmente al Departamento de Estado y al de Defensa a que revise y de ser necesario postergue la asistencia y el entrenamiento a las fuerzas del orden guatemaltecas hasta tener claro que el Ejecutivo de ese país da pasos efectivos para investigar y llevar ante la Justicia a agentes implicados en corrupción y abusos.

Su revisión de las relaciones bilaterales reclama además que se compruebe hasta qué punto Guatemala cumple el Acuerdo de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE. UU., que entre sus cláusulas incluye la de no contar con suministradores implicados en actividades ilegales o fraudulentas.

“El deterioro de la situación en Guatemala tiene un impacto directo en Estados Unidos, con miles de solicitantes de asilo huyendo del miedo constante a la violencia y embarcándose en el peligroso viaje por nuestra frontera sur”, sostuvo Torres.

Con esta resolución, según añadió Sires en esa nota, se llama la atención sobre la situación en el país apoyando “a quienes lo han arriesgado todo para mejorar las condiciones para la siguiente generación”.

Su texto recuerda a modo de ejemplo que “al menos” seis fiscales anticorrupción han sido detenidos por las autoridades guatemaltecas con cargos “frívolos” o que en 2021 se registraron “al menos” 179 ataques contra líderes indígenas y agrícolas que defendían su territorio.

Celebraron la resolución

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) señaló en su página web y redes sociales que organizaciones de la sociedad civil celebraron la resolución de la Cámara de Representantes de EE. UU. “para restaurar el Estado de derecho en Guatemala”.

“Organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos celebran la resolución sobre Guatemala presentada el 16 de noviembre por los congresistas Norma Torres, Albio Sires, Chuy García, Jim McGovern y Joaquín Castro en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”, refiere la publicación de WOLA.

Añade que “Nos preocupa profundamente la captura del sistema judicial de Guatemala por parte de actores corruptos y que ha obligado a numerosos jueces y fiscales honestos a huir del país. Nos preocupa igualmente el grave cierre del espacio cívico que afecta a las personas líderes indígenas, defensoras de los derechos humanos y a periodistas en Guatemala que se enfrentan a amenazas, ataques y acusaciones falsas que a menudo les obligan a exiliarse”.

Se solicitó una postura al Gobierno de Guatemala, pero al cierre de esta edición la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no había respondida la consulta.